ILLES BALEARS
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Calviá (Mallorca)
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La ex alcaldesa Margarita Nájera se enfrenta a siete procesos penales por concesión de licencias urbanísticas en los casos llamados "Estrategia Local", "Chalet de Santa Ponsa", "Western Park", "SYP", "Solares de Santa Ponsa y Grupo HPT Instal" y "Paseo de Calviá", todos ellos denunciados por el PP. Algunos están pendientes de juicio y otros de sentencia.
Sant Antoni de Portmany (Ibiza)
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"Caso Cretu", por la concesión de una licencia municipal para que el productor musical Michel Cretu pudiera construir su mansión en la cima de una colina en Santa Inés, en este municipio. La denuncia fue interpuesta en 1999 por un grupo ecologista contra el entonces alcalde Antoni Marí Tur (PP).
La licencia fue declarada ilegal y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) confirmó en noviembre de 2005 que la casa debía ser derribada, tras lo cual el Ayuntamiento de Sant Antoni presentó un recurso. El derribo no se ha llevado a cabo y en este momento hay varios recursos pendientes de resolución.
Ses Covetes (Campos) (Mallorca)
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Concesión por parte del Ayuntamiento de Campos (PP) de licencia municipal para la construcción de 67 apartamentos en espacio protegido frente a la conocida playa de Es Trenc, denunciada por el Grupo Balear de Ornitología (GOB) en 1994. La causa está a la espera de resolver varios recursos.
Sant Josep (Ibiza)
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El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció por prevaricación al alcalde, José Serra (PP), al haber concedido una licencia de obras en un terreno no urbanizable.
La causa está pendiente de juicio en el que el fiscal pedirá penas de cárcel y de inhabilitación.
Santa Eularia (Ibiza)
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IU denunció al alcalde, Vicente Guasch (PP), por la autorización municipal para la construcción de la urbanización de Ses Torres de Talamanca en suelo rústico. Está pendiente de juicio.
Andratx (Mallorca)
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La Fiscalía de Medio Ambiente tiene abiertas diligencias contra el alcalde, Eugenio Hidalgo (PP), por presunto delito ecológico por la construcción de 20 edificios en Monport, un Area Rural de Interés Paisajístico (ARIP).
Ses Salines (Mallorca)
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Intento de legalizar una vivienda privada a partir de una declaración de interés general para un supuesto centro social de la Asociación de Caballistas local. La causa en la que está imputado el ex alcalde Sebastiá Vidal (PP) -que dimitió- está pendiente de juicio.
CANARIAS
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Telde (Gran Canaria)
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El Juzgado número 3 de Telde, en Gran Canaria, investiga el "Caso Faycán" que estalló tras la denuncia de una empresaria del municipio, quien declaró que la Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento le exigió el pago de una comisión del 20 por ciento del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.
La principal imputada es la ex concejala de Obras Públicas, Contratación y Vivienda y ex presidenta local del PP, María Antonia Torres, quien permaneció en prisión durante 62 días con cargos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secreto.
Hay otros diecisiete imputados, entre los que figuran empresarios relacionados con varias constructoras, empleados municipales, el interventor, Enrique Oorts, el ex asesor de Obras Públicas Francisco Gordillo y tres concejalas del consistorio, situado al sureste de la isla.
CANTABRIA
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Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos
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En estos cinco municipios costeros existen más de 500 viviendas pendientes de que se confirmen o se ejecuten sentencias de derribo que pesan sobre ellas según la asociación ecologista ARCA, promotora de muchas de las denuncias.
La mayor parte de las sentencias se basan en que el suelo fue clasificado como urbano sin que contara con los requisitos legales para serlo, si bien hay otras en las que el derribo se funda en el impacto paisajístico de las viviendas o en que un ayuntamiento dio una licencia que invadía parte del territorio del municipio vecino.
En el caso de la urbanización de La Arena, en Arnuero, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha sentenciado por primera vez que los propietarios tienen derecho a ser compensados por daños morales y que el Gobierno regional es corresponsable con el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento ha iniciado el proceso administrativo para adjudicar los trabajos para la demolición de las 144 viviendas de la urbanización, que se llevará a cabo previsiblemente a partir de noviembre. Uno de los aspirantes al concurso de derribo es CENAVI, la empresa que construyó las viviendas.
CASTILLA Y LEON
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Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid investiga un posible delito contra la administración pública después de que un abogado, asesor de varias empresas, presentara una denuncia en la que alertaba del trato de favor que supuestamente recibían en Arroyo determinadas constructoras y promotoras por parte del Ayuntamiento, dirigido por José Manuel Méndez (PP).
El caso se centra en la recalificación de 335.000 metros cuadrados de uso industrial para construir 3.410 viviendas, que según el PSOE supondrá unas plusvalías de 180 millones de euros.
Navas del Marqués (Avila)
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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) anuló el pasado mes de octubre las normas subsidiarias del municipio, gobernado por el PP, que calificaban como "suelo urbanizable delimitado" el lugar en el que se iba a instalar la "Ciudad del Golf", un proyecto que afecta a 210 hectáreas e incluye la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf.
El Ayuntamiento, a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, paró el 9 de octubre la tala de cientos de árboles que se llevaba a cabo como fase previa de las obras. Esta misma semana, como consecuencia de una denuncia de grupos ecologistas a la que se sumó el fiscal, un Juzgado de Avila ha ordenado la paralización cautelar de los trabajos en un auto en el que aprecia indicios racionales de la comisión de delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.
CASTILLA-LA MANCHA
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Seseña (Toledo)
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La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias después de que IU denunciara un supuesto "trato de favor" por parte de la Junta de Castilla-La Mancha al promotor del Plan de Actuación Urbanística (PAU) "El Quiñón", Francisco Hernando Contreras, conocido como "El Pocero", por recalificar casi dos millones de metros cuadrados de suelo rústico urbanizable para construir 13.508 viviendas en un municipio de unos 10.000 habitantes.
IU sostiene que el preceptivo informe ambiental para aprobar este PAU fue "negociado" en una reunión en la que participaron, entre otros, el consejero de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil (PSOE), el constructor Francisco Hernando y el entonces alcalde del municipio José Luis Martín (PSOE).
La denuncia, que incluye los delitos de trato de favor, contra la hacienda pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude, está en la fase de diligencias previas.
Hellín (Albacete)
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La Fiscalía Anticorrupción tendrá que decidir si corresponde a esta instancia o a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) investigar las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción (EA) por un presunto delito de prevaricación por la construcción de 680 chalets en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en Hellín (Albacete), gobernado por el PSOE.
CATALUÑA
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Caso "Tres por ciento"/ADIGSA
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras de reforma de pisos por la empresa pública de vivienda de la Generalitat -Adigsa- en la última etapa de gobierno de CiU.
El caso ha tenido una amplia repercusión política, ya que lo abrió la Fiscalía después de que el presidente catalán, Pasqual Maragall, aludiera en el Parlament al presunto cobro de comisiones por parte de CiU cuando aseguró: "ustedes tienen un problema que se llama tres por ciento".
La querella, presentada por la Fiscalía, se dirige contra el ex presidente de Adigsa, Ferran Falcó, y Josep Anton Fontdevila, ex consejero delegado, ambos militantes de CDC, así como contra seis constructores e intermediarios.
El juez instructor ha tomado ya declaración a los ocho imputados por el caso Adigsa -entre ellos al constructor denunciante José Antonio Salguero- y ahora está interrogando a los testigos.
Tarragona
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En febrero de 2005, varios ex propietarios de terrenos de Tarragona denunciaron ante el Juzgado presuntas irregularidades urbanísticas en el proyecto de Terres Cavades, que planea la creación de un nuevo barrio con la construcción de 4.872 viviendas.
Acusaban a diversos políticos y constructores de prevaricación, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y estafa al asegurar que fueron presionados para vender entre los años 1995 y 2001.
Entre los imputados figuran el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona, Angel Fernandez (CiU) -que dimitió-, su hermano, el constructor Juan Fernández, el promotor inmobiliario Jose Luis García y Maria Cinta Itarte, esposa del senador de CiU Lluis Badía.
El proyecto urbanístico de Terres Cavades fue frenado por el Departamento de Política Territorial de la Generalitat. En la actualidad ha finalizado la fase de declaraciones ante el juez y se está a la espera de que decida sobre el posible procesamiento.
Salou (Tarragona)
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La Fiscalía de Tarragona investiga, tras recibir documentación enviada por ERC e ICV, la actuación de Esteve Ferran Gombau, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Salou e hijo del alcalde del municipio, Esteve Ferran Ribera, quien vendió en 2004 por más de 500.000 euros una finca del municipio que había adquirido en el año 2000 por 30.000 euros, después de que este solar fuera recalificado y pasara a tener un uso residencial-hotelero.
Los dos políticos pertenecen a la formación Ferran Units per Salou (FUPS) que gobernaba el municipio con CiU, formación que decidió abandonar el equipo de Gobierno después de que el alcalde decidiera mantener a su hijo al frente del área de Urbanismo.EFECOM
(sigue)
