Más allá de nombres, tanto el del presidente de la Comisión de Control como el del Consejo de Administración, lo relevante en la guerra de Caja Madrid es la regulación. Porque hay dos leyes - la del año 2003 y la recién aprobada por la Comunidad de Madrid- y es necesario que se aborde el proceso electoral para renovar a 172 consejeros generales y a más de la mitad de los miembros del máximo órgano ejecutivo de la entidad a lo largo de este año. Todo apunta a un bloqueo inmediato y a una judicialización de la polémica, que se verá en el corto plazo mientras los dos frentes se mantengan intactos.
El presidente de Caja Madrid está dispuesto a continuar con el proceso que en la práctica se inició el pasado noviembre, con la celebración de la primera Asamblea extraordinaria, pero que oficialmente no ha comenzado, ya que todavía el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid no ha publicado el anuncio del inicio de los comicios. Según sus planes, el objetivo es continuar con el proceso y cambiar al presidente de la Comisión de Control para que ésta se transforme cuanto antes en el órgano rector de las elecciones.
Éste se encontrará con un problema de difícil solución administrativa, ya que tendrá que comunicar a los diferentes sectores, ayuntamientos y entidades sociales, su número de representantes. Éste será uno de los principales escollos con los se encontrará esta Comisión. Algunos de sus miembros temen convertirse en jueces y muestran su preocupación, pero apuntan ya a una judicialización del proceso e indican que tendrán que ser al final los tribunales quién determinen la regulación que fije las elecciones.
Impugnación
El argumento no es otro que sea cual sea la decisión que tome la Comisión Electoral, el bloque perjudicado la impugnará, previsiblemente. Con estas premisas es prácticamente imposible que Blesa evite, aunque no quiera, la entrada en escena de la Justicia en la 'guerra' suscitada en torno a la renovación del máximo responsable de la entidad, después de más de doce años en el cargo.
Los defensores de Blesa se han quejado estos días de que el presidente de la Comisión de Control, Pablo Abejas, no ha comunicado a los ayuntamientos la cifra de representantes y le han acusado de entorpecer el proceso. Por ahora no lo puede hacer porque en función de la normativa, el número varía, y porque la Comisión Electoral todavía no se ha formalizado.
De ahí que Blesa intente sustituir cuanto antes a Abejas y haya convocado un Consejo de Administración extraordinario para el lunes con tal efecto, después de que varios miembros de la Comisión de Control hayan pedido su amparo por su negativa a votar su continuidad. El Consejo analizará la conveniencia de forzar un encuentro del órgano de vigilancia.
No obstante, el Consejo se ha adelantado, porque Abejas tiene tiempo suficiente para realizar la convocatoria antes de que le fuercen a ello. El pasado miércoles, no descartó abrir este debate para el próxima reunión ordinaria, que en principio debería producirse el miércoles por la mañana.
Lo más probable es que Blesa gane este juego, pero el partido está en aire. Blesa conseguirá cambiar al presidente de la Comisión de Control para mantener abierto el proceso electoral, pero se topará con sus detractores y la nueva ley impulsada por el Gobierno de Esperanza Aguirre.
El Ejecutivo madrileño cuenta con la baza de que Blesa incumplirá los propios reglamentos de la caja -tanto estatutos como preceptos electorales- si continúa con los comicios, porque no se ha producido una de las cláusulas: los comicios tienen que anunciarse entre otros boletines, en el de la Comunidad de Madrid, que alega falta de espacio.
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