El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado hoy imputar a María del Mar Fernández Cerratos, la mujer del ex presidente de Afinsa, y otras personas jurídicas, entre las que se encontraba el Estado. El pasado 9 de octubre se presentó esta querella, tal y como informó elEconomista.
Esta decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional se produce como consecuencia de una querella presentada por un grupo de afectados por la presunta estafa de Afinsa, que relacionaron a Fernández Cerratos con, al menos, tres sociedades participadas por esta empresa filatélica.
También, en su demanda, indicaban que la mujer de Juan Antonio Cano Cuevas había sido apoderada de otras dos sociedades mercantiles y ex consejera de una tercera compañía. Sin embargo, el juez Pedraz considera que la querella no aporta "dato objetivo ni subjetivo alguno que permita realizar esta imputación" a la mujer del máximo ejecutivo de Afinsa.
Cúpula de Afinsa
Juan Antonio Cano Cuevas estuvo en la cárcel junto con otros tres ejecutivos de la entidad: Carlos de Figueiredo, Albertino de Figueiredo, y Vicente Martín Peña. El auto del magistrado, conocido hoy, indica que la Fiscalía Anticorrupción ya especificó el "factor determinante" para iniciar la investigación en su demanda por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental.
Además, el juez Santiago Pedraz desestima imputar a Afinsa Bienes Tangibles, Growind Consultores, Ballester Vives y Asociados, Emilio Ballester y Asociados y Gestynsa Auditores Externos, tal y como pretendía este grupo de afectados por la presunta estafa de Afinsa. "La capacidad para ser parte e intervenir en el procedimiento como imputado la ostentan sólo las personas físicas y vivas, que tengan la aptitud necesaria para comprender la acusación y ejercer el derecho de defensa", argumenta el juez, para quien tampoco cabe apreciar la responsabilidad civil del Estado.
En concreto, Santiago Pedraz señala que "no se desprende de lo actuado hasta ahora ningún dato ni elemento incriminatorio que permita atribuir al Estado español una participación por omisión o comisión en los hechos que se están investigando".
Como consecuencia de ello, el magistrado admite a trámite la querella presentada por estos afectados, que están representados por el abogado Ildefonso González-Grano de Oro, por los delitos de estafa, insolvencia punible y delito societario, contra los propietarios de Afinsa, Albertino de Figueiredo y Juan Antonio Cano Cuevas, los consejeros Carlos de Figueiredo y Vicente Martín Peña, el director financiero Emilio Ballester y el auditor Francisco Blázquez.
