La Audiencia Nacional está estudiando si admite a trámite o no la denuncia penal La ley dice que si es admitida a trámite, el Estado debe pagar una fianza del 130% del importe total
MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el "caso Afinsa", ya tiene encima de la mesa la primera querella contra el Estado por su responsabilidad en la estafa cometida presuntamente por la empresa filatélica, según ha podido saber elEconomista de fuentes jurídicas.
La denuncia por la vía penal, la primera que se interpone contra el Estado, fue presentada el pasado día 9 de octubre ante el juzgado central de instrucción número 1, cuyo titular es Pedraz. La querella, que se dirige contra toda la cúpula directiva de Afinsa, incluye al Estado como querellado por "su inoperancia, pasividad e ineficacia para controlar la actividad delictiva de Afinsa".
La denuncia ha sido presentada por el bufete de abogados González-Grano de Oro, quien representa a un grupo de afectados. En el texto de la querella se afirma rotundamente que "se puede y se debe afirmar, sin demagogia alguna, que si la Administración Estatal hubiera desarrollado la más mínima eficacia en el control de las actividades de Afinsa, aunque hubiera sido al ínfimo nivel de comprobar sus cuentas anuales, hubiese intervenido y descubierto -hace años- la conducta criminal subyacente, y hubiese impedido su continuación mediante el recurso a los tribunales".
Gravísimos perjuicios
Por el contrario, prosigue el texto de la querella, con su pasividad y su inoperancia, el Estado ha contribuido a "los gravísimos perjuicios de cientos de miles de millones de pesetas, causados a más de 150.000 personas".
A pesar de que ya hay presentadas varias demandas contra el Estado por la vía administrativa, ésta es la primera que se presenta una denuncia por la vía penal, algo que es muy importante para los afectados por las implicaciones que podría tener sobre las cantidades reclamadas.
La ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 589, dice que "cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes".
La norma fija una cantidad para cubrir las responsabilidades de todo el importe probable del delito más una tercera parte, es decir, el 130 por ciento.
Por tanto, si el juez admitiera a trámite la querella del bufete Grano de Oro, el Estado tendría que hacer frente a esa fianza y cubrir inmediatamente su presunta responsabilidad, según fuentes jurídicas. La Fiscalía Anticorrupción deberá emitir en los próximos días un informe donde se pronunciará a favor o en contra de la admisión de la querella. Después, el juez Pedraz tendrá que decidir definitivamente si ha lugar.
En el caso de que la admitiera, debería personarse en el procedimiento, en representación del Gobierno, el abogado del Estado, tal y como solicitan los querellantes.
Jamás veían los sellos
Los querellantes tienen claro que Afinsa estafó a todos sus clientes. Así, incluye como querellados, además de al Estado por su presunta responsabilidad, a los directivos de Afinsa imputados por el juez Pedraz y al auditor de cuentas.
Según el texto de la denuncia presentada en la Audiencia por el bufete Grano de Oro, "los querellados hicieron una captación fraudulenta de ahorro usando falsos contratos de mandato y compraventa de valores filatélicos, falsos contratos de inversión en un patrimonio filatélico".
Para los querellantes, los directivos de Afinsa entregaban a los afectados como supuesta garantía unos lotes filatélicos "cuyo valor real se ocultaba a sus víctimas, que en muchas ocasiones ni siquiera llegaban a ver los sellos en cuestión, pues también se constituía un falso contrato de depósito cuyo objeto, en la inmensa mayoría de las ocasiones, era totalmente desconocido por los estafados, quienes jamás llegaron a ver siquiera dichos sellos".
Como ejemplo de que se trataba de depósitos en vez de compras de sellos, la querella explica la operativa que seguía Afinsa cuando captaba a un cliente. La empresa, nada más firmar el contrato, y antes de haber vendido los supuestos sellos adjudicados al cliente, entregaba anticipos a cuenta. "Es absolutamente absurdo e impropio que casi un año antes de la venta del lote filatélico se entreguen anticipos, ya que no existe venta sobre la que hacer tales anticipos", asegura.
"Si el Estado ha permitido y potenciado la creación de esa bolsa de delincuencia en Afinsa", prosigue la denuncia, "debe ser responsable subsidiario del mismo, ya que sus administraciones, con una increíble ineficacia, pasividad e inhibición en la prestación de servicios públicos, han permitido que se creara esta situación y han multiplicado sus perjuicios".
