Gobierno destinará 1.900 millones ley administración electrónica

Madrid, 27 oct (EFECOM).- El Gobierno destinará 1.900 millones de euros para hacer "realidad" la futura ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a la Administración Electrónica, que entrará en vigor en 2008, según anunció hoy el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

El Gobierno analizó hoy un informe sobre este anteproyecto de ley que, según Sevilla, hará que los ciudadanos "dejen de correr de ventanilla en ventanilla y que sean las administraciones las que hagan correr los bits en la red".

Con la nueva norma los ciudadanos tendrán derecho a relacionarse con todas las administraciones públicas por internet, teléfono, televisión y cualquier medio disponible en el futuro, y las administraciones estarán obligadas a ofrecer dichos servicios 24 horas al día durante los 365 días del año.

Según Sevilla, en 2008 la Administración General del Estado deberá cumplir con los principios y obligaciones de esta ley, mientras que las demás administraciones deberán hacerlo en 2010.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó por su parte que la futura medida supone "un beneficio directo en la cohesión social, al acercar la Administración a todos los ciudadanos de una forma solidaria".

Así, los ciudadanos podrán elegir qué canal prefieren para usar los servicios públicos y las administraciones deberán garantizar el acceso a las personas que carezcan de medios propios o conocimientos suficientes para usar los medios electrónicos.

De la Vega subrayó también que la nueva ley hará que la Administración sea "más eficaz, más eficiente y disponga de más información sobre las demandas de la ciudadanía de una forma ágil y rápida".

Para el titular de Administraciones Públicas, el proyecto es "ambicioso, pero posible", porque actúa sobre una Administración que ya ha hecho "muchos esfuerzos" en mejorar las relaciones electrónicas entre las administraciones y la ciudadanía.

Añadió que se incrementa la transparencia, la accesibilidad y los derechos de los ciudadanos, que podrán usar los medios electrónicos "con la misma validez jurídica e idénticas garantías" que cuando se relacionan con la Administración por los canales tradicionales.

Además, precisó que los servicios que podrán demandar los ciudadanos por medios electrónicos serán los de pedir información, hacer solicitudes, transacciones, oponerse a resoluciones y actos administrativos y cuantos derechos y facultades les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo.

También se podrá conocer el estado de tramitación de cualquier procedimiento, recibir comunicaciones y notificaciones de la Administración y usar el DNI electrónico o cualquier certificado de firma electrónica.

Las tres administraciones (estatal, autonómica y local) estarán obligadas a facilitar aquello que el ciudadano les pida, independientemente de quién sea competente, de forma que los ciudadanos podrán hacer los trámites de distintas administraciones en un único lugar.

Según Sevilla, los servicios prestados de forma electrónica ofrecerán el grado máximo de calidad, seguridad y confidencialidad de los datos.

Así, la norma prevé la creación de la figura del Defensor del Usuario de Administración Electrónica, que será el encargado de velar por los derechos de los ciudadanos y las empresas, y atenderá las quejas que se produzcan por la vulneración de esos derechos.

Asimismo, se garantiza la privacidad de los individuos mediante lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y se prohíbe a las distintas administraciones que indaguen en los archivos de los demás órganos para analizar los documentos correspondientes a un ciudadano, a no ser que el propio interesado lo autorice.

Sevilla informó también de que el proyecto se consultará "en breve" con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial y con las corporaciones locales. EFECOM

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