Buenos Aires, 12 oct (EFECOM).- El Gobierno argentino, que acaba de lograr la aprobación parlamentaria de polémicos subsidios para subir la producción de hidrocarburos, dictó hoy normas por las que podrá aplicar duros castigos a las petroleras ante la escasez de gasóleo.
En base a artículos de la Ley de Abastecimiento dictada en 1974 y reformada en 1991, la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial abre las puertas a multas y clausuras para las compañías y hasta 90 días de prisión para sus directivos si no cumplen con un "adecuado" suministro del combustible.
La norma obliga a las petroleras a cumplir pautas de provisión de gasóleo en los mismos niveles del año pasado, más lo necesario para atender el aumento de la demanda en base al crecimiento de la economía, del 8 por ciento en promedio desde 2003.
Establece auditorías a petroleras y distribuidores de combustible y se rige por el acuerdo de "precios congelados" entre el Gobierno y las compañías y refinerías de crudo.
Además, habilita al Ejecutivo que preside Néstor Kirchner a prohibir la exportación de combustibles, restringida desde la semana pasada, en caso de que se considere en riesgo el abastecimiento interno.
La política gubernamental de "premios y castigos", como la llaman los analistas, fue aplaudida hoy por asociaciones de productores agropecuarios, los mayores consumidores de gasóleo, que protestan desde hace meses por la escasez del combustible y se quejaron de la "imprevisión" de las autoridades ante este problema.
También expresaron su apoyo las cadenas de gasolineras independientes de las petroleras, que han hecho huelgas y acusado a las compañías de maniobras desleales.
"No es una medida antojadiza: hay comprobaciones de que existen prácticas especulativas", dijo la ministra de Economía, Felisa Miceli, al canal de televisión "Todo Noticias".
Indicó que en el mercado de combustibles "se producen distorsiones en la comercialización y la distribución", por lo que se investigan varias denuncias sobre tales maniobras.
Según cálculos privados, la demanda de gasóleo creció este año el 6,5 por ciento, nivel que no se logró atender a pesar de que el Gobierno autorizó la importación libre de impuestos de hasta 800.000 toneladas del combustible dando prioridad a las compras a Venezuela, al calor de acuerdos bilaterales en el sector energético.
Pero sólo se han importado unas 266.000 toneladas, porque la diferencia con los precios internacionales supone pérdidas de 200 dólares por cada tonelada de combustible, dijeron fuentes de las petroleras, que han evitado las polémicas con el Gobierno.
La hispano-argentina Repsol YPF, líder en el mercado local, y la estadounidense Esso, con aumentos del 9,5 y el 8 por ciento en sus respectivas ofertas de gasóleo, son las únicas petroleras que se han puesto a tono con la mayor demanda, según otras fuentes del sector energético citadas hoy por la prensa económica.
De acuerdo con estas fuentes, están bajo la mira de las autoridades la anglo-holandesa Shell y la brasileña Petrobras debido a que subieron sus respectivas ofertas de gasóleo el 1,5 y el 1 por ciento, es decir alrededor de 5 puntos porcentuales menos que el aumento de la demanda.
El mes pasado, el Gobierno obligó a Shell a retirar del mercado una nueva línea de gasóleo que la compañía puso en venta a un precio mayor al autorizado.
Al mismo tiempo, dispuso que todo nuevo combustible ofrecido a la venta en el mercado interno deberá ser previamente autorizado por las autoridades correspondientes.
"Va a llover gasóleo", dijo el miércoles el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, poco antes de la reunión en la que Kirchner y Miceli dieron el visto bueno a las normas que permitirán castigar a las empresas que no garanticen el suministro de gasóleo.
También el miércoles se anuló la excepción del impuesto a la exportación para petroleras en la austral provincia de Tierra del Fuego, mientras el Senado convertía en ley una política de subsidios a las empresas que suban su producción de hidrocarburos, una norma tajantemente rechazada por la oposición.
La anulación de los beneficios fiscales a la exportación de hidrocarburos desde Tierra del Fuego afectó los intereses de la francesa Total, la chilena Enap-Sipetrol, y a Pan American Energy, de capital británico y argentino, entre otras petroleras. EFECOM
alm/hd/lgo/jla
