El Ministerio de Industria y las eléctricas iniciarán la semana que viene una dura batalla para tratar de buscar una solución a los más de 14.000 millones de euros que se les adeudan por las reticencias del Gobierno a trasladar a los consumidores la subida de la luz. El titular de Industria, Miguel Sebastián, quiere negociar con las compañías una quita.
La reducción que planea el Gobierno se realizaría eliminando el coste de los derechos del CO2, lo que podría suponer un recorte de alrededor de entre 1.300 y 2.000 millones de euros, sobre la factura total que las eléctricas han acumulado.
La intención de Industria es que la solución sea negociada entre todas las partes. Para ello, el Ejecutivo ofrecerá un compromiso de aumento de tarifas desde 2009 a 2012 para los ciudadanos, ya que a partir del ejercicio próximo comienza la llamada tarifa refugio, lo que significa que desaparecerá del recibo de la luz como lo conocíamos hasta este momento para pasar a un sistema de cobro más parecido al que existe en la telefonía móvil.
No habrá subida del precio de la luz
El Ministerio tiene claro además que en lo que queda de año no va a subir el precio de la luz y no está dispuesto a compensar a las eléctricas por los precios recibidos del mercado mayorista, donde aseguran que no hay competencia y se están obteniendo unos beneficios extraordinarios con las nucleares y el agua. Por este motivo, se están estudiando varias vías para poder realizar este recorte: cambiar la regulación del CO2 de modo que esta cantidad se elimine o por contra reformar la Ley del mercado eléctrico, aunque esta opción únicamente está en estudio y requeriría de un procedimiento mucho más complicado ya que significaría una revolución total sobre el actual sistema.
Primas para las energías renovables
Según fuentes consultadas por este diario, el ministro de Industria quiere resolver el problema antes de 2012, ya que calculan que en esa fecha el déficit podría haber ascendido a 26.870 millones. Las eléctricas han planteado al Gobierno que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado las primas a las energías renovables y algunas partidas que no deberían incluirse en el recibo de la luz.
En el Ministerio de Industria se da la razón a las compañías y se bromea con que únicamente falta incluir en la tarifa los fichajes del Real Madrid, ya que en la misma se pagan por ejemplo los costes de la estrategia de ahorro energético que realizan otros departamentos, como el de Vivienda.
La Administración, por lo tanto, podría asumir costes como el renove de tractores o la estrategia de eficiencia energética en los Presupuestos Generales del Estado, pero las eléctricas quieren que vayan más allá y que se incluyan los 2.500 millones de euros de las primas que reciben las energías renovables.
Casos similares
Fuentes del sector, no obstante, consideran que esta opción sería muy complicada y recuerdan que no se podría aplicar tan fácilmente ya que habría que cambiar las normativas comunitarias. Un caso similar se produjo con las ayudas que España otorgó a la minería del carbón y después tocó devolverlas.
Éste será uno de los principales caballos de batalla las próximas semana entre el Gobierno y eléctricas, ya que de ello dependerá una gran parte del pastel.
La intención del Gobierno es acometer una negociación similar a la que en su día se realizó para eliminar los llamados costes de transición a la competencia (CTC), es decir, un billón de las antiguas pesetas que las compañías tenían que recibir como compensación de la desaparición del llamado marco legal y estable.
En la cuenta de haberes, las eléctricas pueden contabilizar los gastos financieros a los que tienen que enfrentarse en estos momentos por tener en sus cuentas 5.100 millones de euros que están financiando con cargo a sus cuentas después de los fracasos de la CNE en los mercados financieros.
Fracaso de la CNE
La Comisión Nacional de Energía, presidida por Maite Costa, ha fracasado en reiteradas ocasiones en la colocación del llamado déficit tarifario entre las entidades financieras. Los bancos, que atraviesan en estos momentos serias dificultades, no consideran atractivo el diferencial que ofrece el Gobierno español para financiar estas elevadas cantidades y por eso se han retirado en varias ocasiones de las pujas.
Además, las entidades financieras siempre han reclamado que la deuda tenga garantía del Banco de España, pero desde esta entidad, el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, siempre ha mostrado sus reticencias.
Industria además tiene en su contra la llegada a partir del 1 de enero del año próximo de la llamada tarifa refugio. Entre las propuestas que se pueden barajar figuran la reducción del límite para acceder a este tipo de tarifa, una rebaja del IVA del 16 al 7 por ciento y la exclusión del impuesto sobre el carbón.
Citigroup calcula que el Gobierno debería subir la tarifa un 7 por ciento al año para poder eliminar el déficit.
