El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, no se queda con los brazos cruzados ante la perspectiva de que su principal accionista, la constructora ACS, acceda al consejo de administración del grupo eléctrico, una vez que en enero próximo se deshaga formalmente del 45% que ostenta en la eléctrica Unión Fenosa. Ha modificado el reglamento del consejo, lo que implica de facto, estrechar el cerco para el acceso de la constructora.
Así el cambio de incompatibilidades es prácticamente igual salvo un añadido, que seguro que se presta a muchas interpretaciones. El nuevo concepto, que cita textualmente como incompatibilidad "las que bajo cualquier forma tengan intereses opuestos a los de la sociedad", sin especificar con mayor detalle el significado de tal precisión.
Desde que ACS (ACS.MC) tomase la mayor participación accionarial individual de Iberdrola, Florentino Pérez ha tratado de hacer valer sus derechos y reclamado su acceso al consejo, camino truncado por la incompatibilidad derivada de su participación en Unión Fenosa.
También han sido más que manifiestas las discrepancias entre Ignacio Sánchez Galán y Florentino Pérez sobre el marco estratégico en que había de moverse el grupo Iberdrola, que en el fondo llevaban parejo la posible entrada en el mercado español de la eléctrica francesa EDF (EDF.PA).
Limitación de consejeros
Las otras modificaciones del reglamento sitúa el número de máximo de consejeros a 15; elimina el mínimo del 5% como baremo para obtener la consideración de participación significativa para ser consejero dominical; y elimina la jubilación de los consejeros a los 70 años. La limitación del número máximo de consejeros complica el acceso de ACS, que para entrar implicará que otro que ahora está dentro habrá de salir, ya que no hay opción a que sea por ampliación de número.
A las puertas de que ACS finiquite su participación en Unión Fenosa (UNF.MC), todo indica que en primavera, con vistas a la Junta de Accionistas de Iberdrola, la constructora reclamará su acceso al consejo de administración de la eléctrica como miembro de pleno derecho y en calidad de accionista individual principal.
Desde Iberdrola (IBE.MC) aseguran que la reforma del reglamento responde "exclusivamente" a su adaptación al código de buen gobierno.
