En 2014, el Gobierno confiaba en bajar sustancialmente su participación en Bankia con la venta sucesiva de paquetes accionariales y el año pasado BMN aún creía posible convertirse en un banco cotizado. Eran caminos muy parecidos para caminar hacia la privatización de las dos entidades y, sobre todo, para que el Estado recuperara buena parte de las ayudas inyectadas, más de 24.000 millones de euros entre las dos. Pero el mercado se torció.
Las dudas sobre el crecimiento chino, el contagio a emergentes, la caída del petróleo primero y nuevas dudas, después, sobre la salud del sector financiero europeo, con diversos problemas en Portugal, Italia, Francia y Alemania, más las medidas extraordinarias del BCE, precipitaron una continua bajada en las cotizaciones de las bolsas y, especialmente, en los valores financieros. Bankia cotizaba a 1,58 euros cuando BFA cerró la colocación del 7,5% de su capital. Sobre los 1,51 euros a los que se vendió el paquete, el banco se encuentra ahora un 53% más barato. Respecto a BMN, es impensable que en el momento actual un banco de su tamaño y con una rentabilidad (ROE) del 2,9% pueda dar el salto al mercado bursátil.
A pesar de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó hace unos meses que sería el nuevo Gobierno el que tendría que decidir sobre la eventual fusión de las dos participadas del Frob, el calendario corre en contra. Una ley española, cuando Bruselas no había impuesto tope alguno, señaló que el plazo máximo para salir del capital de Bankia acabará a finales de 2017. También tiene esa fecha de caducidad la presencia estatal en BMN, pero impuesta por la UE, lo que dificulta la prórroga. No se trata además de ganar tiempo para que el Estado siga siendo el máximo accionista de la entidad que preside Carlos Egea, sino de que BMN se integre en Bankia antes de que los efectos de una nueva oleada de normas y alguna sentencia resten más fuerza a la entidad.
El Estado perderá irremediablemente parte de lo inyectado en BMN, 1.645 millones de euros, al integrarlo en Bankia, por su correspondiente descuento, pero las pérdidas serán mayores cuanto más tiempo pase y, además, con el calendario de salida apretando. En octubre entra en vigor la circular del Banco de España que cambia el método de provisionar los créditos y los activos inmobiliarios y a principios de 2018 las entidades deberán reconocer contablemente los deterioros por el criterio de pérdida esperada. Además, en diciembre el Tribunal de Luxemburgo se pronunciará sobre la retroactividad aplicable a la eliminación de las cláusulas suelo declaradas ilegales. Todas estas cuestiones, además de la paulatina pérdida de rentabilidad que provocan los tipos en negativo y la baja actividad bancaria, son razones para acelerar la fusión.
Quedan aún meses de estudios, negociaciones y cambios legales para que la operación se cierre, pero aún en esta fase tan temprana todos los expertos están de acuerdo en que es la mejor solución, cuando no la única, para el futuro de BMN. El Gobierno, el que se forme no sé sabe muy bien cuando, deberá cambiar la ley nacional que puso, de forma torpe, límite temporal a la presencia pública en Bankia. Bruselas deberá aprobar la operación y levantar, aunque parece que ese no será un importante escollo, el veto impuesto al grupo que preside José Ignacio Goirigolzarri para realizar compras antes de final de junio de 2017. También esta por ver si tras estudiar Bruselas el grado de cumplimiento de la reestructuración de ambos exige para aprobar su unión nuevos ajustes y en que intensidad.
Las primeras impresiones, de una fusión por absorción cuyos términos aún no están definidos, indica en todo caso que Bankia no tendrá problemas para digerir BMN. Otra cosa diferente, a pesar de la buena gestión que todos reconocen a Goirigolzarri, es que si en un plazo temporal razonable, la evolución bursátil de la entidad hace posible que el Estado recupere una buena porción de las ayudas recibidas.
