Madrid, 29 sep (EFECOM).- El PSOE instó hoy al Tribunal de Cuentas a que incluya en sus Planes Anuales de Fiscalización la realización de informes sobre campañas de publicidad de las administraciones públicas estatal y autonómicas, así como de las principales entidades locales.
Esta es la propuesta de resolución presentada hoy por el PSOE en relación con el uso de las campañas de publicidad del Ministerio de Trabajo, antes de las elecciones generales de marzo de 2004, cuando estaba dirigido por Eduardo Zaplana.
El grupo socialista también pide al Gobierno que ponga en práctica los mecanismos que permitan evitar los excesivos gastos en publicidad institucional.
Asimismo, en relación con este mismo asunto, IU-ICV presentó hoy cuatro propuestas de resolución, en la que pide al Gobierno que las campañas publicitarias generadas por los ministerios se ajusten a los principios de "objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia, no discriminación, eficiencia y racionalidad económica".
También insta al Ejecutivo a que tipifique como un nuevo delito electoral la desobediencia flagrante a los acuerdos adoptados por las Juntas Electorales en materia de publicidad institucional.
En otra de las propuestas de resolución, IU-ICV pide al Gobierno que los créditos destinados a la publicidad institucional determinen su carácter "limitativo y vinculante".
Además, solicita al Ejecutivo que mejore la realización de las actividades publicitarias de sus respectivos ministerios.
Estas propuestas de resolución se debatirán en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que analizará este y otros debates de fiscalización
Las propuestas se basan en la consideración del Tribunal de Cuentas sobre el Ministerio de Trabajo, dirigido en 2003 y 2004 por Eduardo Zaplana, en la que asegura que hizo un uso partidista de las campañas de publicidad contratadas y difundidas esos años para mejorar la imagen institucional antes de las elecciones generales de 2004.
Según el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la publicidad del Ministerio de Trabajo durante los ejercicios 2003 y 2004, en enero de 2003, la Secretaría de Estado habilitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para tramitar por la vía de urgencia la contratación de una campaña de publicidad dirigida a los pensionistas.
Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas considera que no existía tal urgencia y recuerda que ni la revalorización ni la paga única son "acontecimientos imprevisibles", sino "previsibles, sistemáticos, anuales" y obligados por la ley de pensiones de 1997.
Además, tras analizar la eficacia de la campaña, el llamado estudio "post test" (que exige el propio contrato) afirma que la campaña y su lema ("dicho y hecho") presentan una "doble intencionalidad", la de vincular el "antes" con el "miedo" y la gestión del PSOE y el "ahora", con la "seguridad" y el gobierno del Partido Popular.
La campaña de 2004 presentó similares características que la del 2003, ya que, aunque la adjudicación no se hizo por vía urgente, su desarrollo se justifica de manera "deficiente", porque la revalorización de las pensiones no es una decisión política, sino que está obligada por la ley de 1997.
La campaña fue suspendida por la Junta Electoral Central, que consideró improcedente su difusión en periodo electoral, algo que, según el Tribunal de Cuentas, "provocó un innecesario coste económico al presupuesto de la Seguridad Social".
En concreto, el INSS tuvo que abonar al adjudicatario una indemnización de 210.985 euros por la parte de la campaña que no pudo ser emitida.EFECOM
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