Deloitte va acumulando querellas por su actuación en el sector financiero como auditor. La entidad ha sumado recientemente una nueva demanda, la segunda, por su labor en Banco de Valencia. El arquitecto Jacobo Carlos Rios-Capapé lidera esta actuación contra la firma de servicios profesionales, además de contra los consejeros de la entidad y Bankia -máximo accionista de Banco de Valencia en el momento de su quiebra.
La querella, que ya ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, exige una indemnización de 9,9 millones por los daños económicos ocasionados. Los denunciantes acusan al banco, sus responsables y la auditora de un delito societario de falsificación de cuentas.
La demanda ha sido acumulada a la causa que se instruye desde 2012 en la Audiencia Nacional, iniciada por la Asociación de Pequeños Accionistas de Banco de Valencia, en la que también están afectados sus consejeros además de Deloitte. El juez Santiago Pedraz ha declarado la causa como compleja para ampliar la fase de instrucción, antes abrir el juicio oral.
Un informe elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE), en el que se analizan las cuentas anuales y consolidadas del banco correspondientes a 2009 que el consejo de Administración aprobó el 29 de enero de 2010 y que el auditor validó en un informe emitido el 1 de febrero de ese año, recogía que la inspección del Banco de España había detectado "numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y, particularmente, en la toma de decisiones sobre refinanciaciones con objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, estimándose un déficit de provisiones específicas de 177 millones".
En la actualidad, el magistrado analiza estas presuntas irregularidades, que en principio fueron validadas por Deloitte en informe anual que no contemplaba ninguna salvedad.
La auditora que preside Fernando Ruiz se encuentra en el ojo del huracán no sólo por su actuación en Banco de Valencia, sino en el denominado caso Bankia, que investiga distintos delitos por la salida a bolsa. En mayo el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputó a la firma, después de innumerables peticiones reclamadas por la acusación. Su representante legal y el socio Francisco Celma tuvieron que declarar ante el magistrado, donde defendieron su labor y señalaron hacia el Banco de España. Además, apuntaron hacia otras compañías auditoras porque, a su juicio, habían seguido los mismos criterios en su verificación de las cuentas del resto de cajas integrantes en Bankia.
Por el momento, Deloitte ha sido sancionado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo dependiente del Economía, al considerar que hubo falta de independia en su trabajo en Bankia, ya que al tiempo que supervisaba sus estados financieros ayudó a la entidad en su plan de salida a los mercados en 2011. La multa, que no ha sido ratificada definitivamente, se rebajó de 12,3 a 10,4 millones a principios de julio.