La Comisión Europea saca este jueves a la superficie la pugna soterrada por la futura reglamentación sobre las redes de nueva generación: las autopistas de la información que permitirán velocidades de 100 megas y harán posible ver la televisión de alta definición, navegar como una bala por Internet, descargar contenidos, jugar online y hablar por teléfono, todo a la vez.
Fuentes comunitarias consultadas por elEconomista aseguran que Bruselas presentará este jueves el borrador de su futura recomendación para guiar el marco legal de estas infraestructuras, y la actuación de los reguladores nacionales como la española Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Tras mantener un periodo de consulta pública, el Ejecutivo comunitario adoptará la versión definitiva de esta Recomendación. La batuta durante la elaboración de este documento la llevan la luxemburguesa Viviane Reding, comisaria europea de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación; y la holandesa Neelie Kroes, comisaria de Competencia.
Tal y como adelantó el pasado 3 de junio elEconomista, Bruselas es partidaria de un enfoque doble, que sigue el precedente sentado por el regulador británico. Los poderes públicos intervendrán o no para impulsar el libre mercado y la competencia leal en función de la situación de cada región y no de la de cada país en su conjunto.
Cuándo intervenir y cuándo no
Si en una zona existen redes ultra rápidas alternativas de diferentes operadores que compiten entre sí -la fibra óptica de Telefónica y el cable de Ono, por ejemplo-, la Comisión Europea podría no ver motivo de intervención. Éste es el escenario ideal: la denominada competencia de infraestructuras.
Pero en regiones en las que la competencia brille por su ausencia -entre otras razones por la falta de atractivo para invertir en la zona-, y donde la red de nueva generación de un operador disfrute de una posición dominante o, incluso, monopolística, Bruselas considera que el regulador debería obligar al propietario de la autopista de la información a permitir que sus rivales utilicen su infraestructura.
Esto supone extender a las nuevas redes lo que ocurre en la actualidad: las 'telecos históricas' que han heredado las redes que fueron públicas hasta la privatización del sector, están obligadas a alquilarlas y compartirlas con los rivales que han ido apareciendo en el mercado.
Para compensar y premiar a quien haya asumido el riesgo de invertir en tan costosas infraestructuras, Bruselas propone que los propietarios de las redes del futuro sumen a la tarifa de alquiler un recargo o prima que podría oscilar entre el 12 y el 20%. Bruselas espera despejar con esta propuesta la incertidumbre que lastra las inversiones en el sector. Y prevenir una posible vuelta a los monopolios que diera carpetazo a todos los avances hacia la liberalización.
