BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea inició hoy una investigación formal sobre la posibilidad de que el Gobierno italiano pudiera haber encubierto ayudas de Estado al servicio postal del país, la Poste Italiane, por medio de los altos intereses que fijó para los depósitos del Tesoro italiano, que constituyen recursos de Estado.
El Ejecutivo comunitario informó de que ahora las partes tienen un periodo para dar las convenientes explicaciones mediante un comunicado en el que también anunció que autorizó la compensación por servicio público de 2.400 millones de euros que recibió la Poste Italiana por parte del Gobierno entre 2000 y 2005.
Por lo que respecta a la investigación sobre las presuntas ayudas públicas, Bruselas constató que los intereses que pagó el Tesoro para poder depositar fondos estatales constituyen también recursos estatales y mostró su "preocupación" por la metodología que se empleó para definir el interés, en base a la ley presupuestaria italiana de 2006.
La Comisión agrega que "desde 2005 los resultados de las tasas de interés fueron mayores de lo que se hubieran obtenido de un prestamista privado" y considera que, además, estos intereses mayores "confieren una ventaja económica a la Poste Italiane y, por tanto, una potencial distorsión de la competencia y el comercio", así como que puede suponer una violación de las reglas de ayudas públicas de la UE.
Explicó que "la Comisión decidió abrir una investigación formal sobre una potencial ayuda de Estado a la Poste Italiane por medio de una tasa de interés más favorable en el dinero depositado con el Tesoro".
Por otra parte, la Comisión autorizó la compensación de 2.400 millones de euros con que el Gobierno italiano equilibró entre 2000 y 2005 los costes de la Poste Italiane por dar un servicio público que tiene anejas en calidad de "abastecedor universal del servicio postal en Italia".
Aunque Bruselas considera que la compensación que otorgaron las autoridades italianas a la Poste constituyen una ayuda pública, agrega que sus costes netos para cumplir con los servicios públicos de correos excedieron la dotación del Gobierno entre 2000 y 2005.
Por este motivo, la Comisión concluyó que "el apoyo no ha supracompensado los costes netos del servicio público relativo a dar el servicio universal y, por tanto, es compatible con las reglas de ayudas públicas del Tratado de la UE".
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