Attestor, Centerbridge, DE Shaw, Elliott, KKR, Oak Hill y Värde aportarán 1.000 millones de euros
Abengoa solicitará al juez del Juzgado Mercantil número 2 de Sevilla una prórroga para poder presentar un convenio con el apoyo del 75 por ciento del pasivo financiero que requiere la Ley Concursal, tal y como adelantó ayer por la mañana ElEconomista en su edición digital. El grupo andaluz anunció por la tarde su propuesta de acuerdo de espera (standstill agreement) para que se adhieran los acreedores.
Hasta el momento tiene el respaldo del 40 por ciento de los tenedores de deuda y antes del 28 de marzo, fecha en que finaliza el plazo legal para presentar el convenio, pretende alcanzar al menos el 60 por ciento. Con este porcentaje, la compañía sevillana podrá solicitar al juez la homologación del convenio, que está contemplada legalmente, y lograr así una prórroga para continuar las negociaciones con el resto de acreedores hasta alcanzar el 75 por ciento requerido. El presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, explicó ayer que el objetivo es conseguirlo en abril.
El calendario que manejan la compañía y los acreedores que han cocinado el plan de reestructuración es que en los próximos 11 días sumarán el mínimo del 60 por ciento del pasivo. De esta forma, el 27 de marzo, el auditor (Deloitte) podrá emitir el certificado correspondiente y solicitar la homologación al juez al día siguiente. Por tanto, Abengoa debe convencer a al menos el 20 por ciento de los bancos, aseguradoras, bonistas y organismos institucionales que están expuestos a su deuda en menos de dos semanas, tras casi cuatro meses de negociaciones entre el denominado G-6 (Santander, HSBC, Caixabank, Bankia, Popular y Crédit Agricole) y los bonistas (Blackrock, Centerbridge, Delta A. M., D.E. Shaw, Elliott Management, Eton Park, Invesco, KKR Credit, Oak Hill, Attestor, y Värde).
Maraña financiera
La maraña financiera de Abengoa hace que la compañía tenga cerca de 250 acreedores repartidos por todo el mundo, lo que complica sobremanera lograr en apenas 11 días que restan del plazo legal el 75 por ciento requerido. La deuda, que se situó en 2015 en 9.395 millones, se reparte entre decenas de filiales radicadas en países tan dispares como España, Reino Unido o Brasil. ?Hay que adaptar el acuerdo a las legislaciones de cada país y eso lleva más tiempo del que disponemos?, explican fuentes financieras. No obstante, la homologación del convenio con el 60 por ciento de los apoyos no es la única opción que tienen sobre la mesa y barajan más alternativas legales a las que agarrarse para evitar a toda costa el concurso, que haría que la empresa cayera en manos de los administradores concursales y significaría, según las fuentes consultadas, la probable condena de Abengoa hacia la liquidación.
La firma, junto con sus asesores Álvarez & Marsal, Cortés y Lazard, y los de los principales bancos, KPMG, y los bonistas, Houlihan Lokey, presentó ayer en una conferencia con inversores el plan de reestructuración por el que los accionistas actuales se quedarán con sólo el 5 por ciento del capital -más warrants por otro 5 por ciento-.
El 95 por ciento de las acciones restantes se lo repartirán entre los bonistas y los bancos, fundamentalmente. Así, Attestor, Centerbridge, DE Shaw, Elliott, KKR, Oak Hill y Värde asumirán el grueso de la nueva inyección de liquidez que necesita Abengoa para sobrevivir. En concreto, estos fondos se han comprometido a aportar 1.000 millones de euros. Las necesidades ascienden a entre 1.500 y 1.800 millones, por lo que aún podrían aumenar sus aportaciones, al tiempo que se está a la espera de concretar la adhesión de nuevos fondos o bancos. Por el nuevo dinero,que tendrán un tipo de interés del 18 por ciento, recibirán el 55 por ciento del capital.
Los 1.500 millones incluyen un préstamo de unos 110 millones que se firmará esta semana -previsiblemente ayer u hoy- para enfrentar las nóminas y facturas urgentes de Abengoa. Adicionalmente, la nueva financiación se destinará a reservas (469 millones) y al desarrollo de nuevos negocios (150 millones), mientras que 284 millones irán a costos de ventas, generales y administrativos y 244 millones más a costes extraordinarios (incluidos los de reestructuración). De igual modo, 120 millones más se destinarán a un margin loan (créditos solicitados para la toma de valores) de septiembre por Atlantica Yield.
Por su parte, los bancos también refinanciarán dos créditos de 106 y 125 millones que entregaron en diciembre y septiembre de 2015, respectivamente. El tipo de interés será del 5 por ciento, con un vencimiento de dos años.
Así es el plan
El plan acordado implica igualmente una quita del 70 por ciento sobre la deuda corporativa existente. De los 8.462,4 millones se quedará en 3.740,3 millones. Es decir, la deuda se adelgazará en 4.722,1 millones. El descuento, no obstante, no será lineal y, en consecuencia, no afectará a todas las partidas por igual (ver información en esta página). Sumada la nueva financiación, la deuda tras la reestructuración quedará en 4.923 millones. A cambio, las entidades recibirán el 35 por ciento del capital. El plan también contempla que serán necesarios 800 millones en avales, de los que una parte podrán ser renovaciones. El tipo de interés en este caso será del 5 por ciento más una comisión de apertura del 1 por ciento. Quienes los asuman se harán además con el 5 por ciento de la nueva Abengoa.
El grupo de ingeniería que preside Antonio Fornieles desde hace dos semanas también reveló que las acciones tipo A y B que cotizan en la actualidad se unificarán.
En la conferencia con inversores, el representante de KPMG, Ángel Martín, quien antes ha dirigido la quidación de Martinsa, y el de Houlihan Lokey, Manuel Martínez-Fidalgo, que ha participado en el concurso de Codere, llamaron al resto de acreedores para valorar el esfuerzo realizado por los principales bancos y bonistas y adherirse al acuerdo para salvar Abengoa.
El primer paso ahora, por tanto, será convencer a al menos un 20 por ciento de los acreedores (del pasivo financiero) para plantear al juez la homologación del convenio y una prórroga hasta abril. Si el juez acepta la petición, implicará la interrupción de las obligaciones financieras de pago de deuda y ningún acreedor podrá instar el concurso. Al margen de esto, la empresa y el G-6 y los bonistas pretenden que aplicar un standstill una vez sellado el acuerdo, durante un periodo que, según fuentes conocedoras de las negociaciones, podría prologarse durante ?seis o siete meses?.
