Baker & Mckenzie advierte de los riesgos para financiar todos los proyectos
La caída del petróleo y la depreciación del peso colombiano han generado una alta incertidumbre en torno al macroplan de autopistas emprendido por Colombia, conocido como el programa de Cuarta Generación (4G), según advierte en un extenso documento la consultora Baker & McKenzie. Hasta la fecha, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha licitado las autopistas de la primera y de la segunda ola del plan 4G, mientra que la tercera está en su fase inicial. Constructoras españolas como Sacyr, Cintra (Ferrovial) y Grupo Ortiz han sido adjudicatarias de contratos por unos 1.600 millones de euros en la segunda oleada del programa, cuyos cierres financieros están pendientes.
En el informe Infraestructuras en Latinoamérica, Baker & McKenzie advierte, en concreto, de que la devaluación del peso colombiano pone ?en duda el apetito? de los financiadores extranjeros de las infraestructuras de las nueve autopistas adjudicadas en la segunda ola, que concluyó el pasado mes de agosto. Las compañías españolas que han ganado contratos en esta fase aseguran a este diario, en todo caso, que los proyectos siguen su curso y que no han detectado problemas para encontrar financiación.
Hasta noviembre, de las nueve autopistas de la primera ola, seis habían logrado el cierre financiero. Tres lo han hecho con Goldman Sachs como principal inversor, una con el banco brasileño Itaú, una con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Bancolombia y Corpbanca y una más con Davivienda y Banco de Bogotá. Quedan, por tanto, tres pendientes. En esta primera entrega, ACS, a través de su filial de concesiones Iridium, OHL y Ortiz participan en alguno de los consorcio ganadores.
La tercera ola 4G, por su parte, originalmente preveía 10 proyectos, pero actualmente está en revisión y es posible que se reduzcan por el recorte de los ingresos públicos asociado ?con los bajos precios del petróleo, principal fuente de divisas del Gobierno? colombiano, advierte Baker & McKenzie.
La firma explica, en este sentido, que Colombia ?expide compromisos presupuestales futuros para asegurar el fondeo de sus compromisos en 4G, llamados vigencias futuras y que constituyen una obligación soberana?. Sin embargo, ?su fondeo depende de los ingresos del Gobierno o del endeudamiento público?. Y éste se verá severamente afectado por la caída del precio del crudo, que hará que los ingresos fiscales del petróleo en el país se reducirán a unos 3 billones de dólares, frente a los 23 billones de 2014, según Baker & McKenzie.
Por estos motivos, sostiene la consultora, la Asociación Nacional de Infraestructuras (ANI) está analizando qué proyectos pueden estructurarse bajo un contrato de asociación público privada ?sin fondos públicos?. En concreto, dos o tres de los proyectos previstos podrían licitarse bajo el esquema de concesión. Por el momento, el Gobierno ya ha sacado a licitación dos autopistas de la tercera ola: Bucaramanga- Pamplona y Pamplona-Cúcuta.
Fondos de pensiones
Ya en noviembre de 2014, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) avisó en un informe que ?para el grueso remanente de la segunda y tercera ola los cierres financieros lucen altamente inciertos?. Así, señalaba entonces, ?seguramente se deberá consierar la construcción de algunos proyectos clave por la vía de obra pública, pues no todos los proyectos resultarán atractivos para los inversores privados?.
ANIF sustentaba estas observaciones en las dificultades que habían surgido en la financiación de algunos proyectos de la primera oleada, relativos, fundamentalmente, a la rebaja en los plazos de los préstamos, los problemas de predios-liciencias-comunidades y los sobrecostes por la ?pobre calidad de los estudios?.
El Gobierno colombiano trabaja para atraer el capital extranjero y recientemente anunció que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha liderado junto con Ashmore Group la estructuración y cierre financiero del primer fondo de deuda principal para infraestructura en Colombia. Este instrumento facilitará el ingreso de los fondos de pensiones, que apalancarán la ejecución de las vías 4G.
El programa 4G requerirá una inversión de en torno a 47 billones de pesos colombianos (13.200 millones de euros al cambio actual).
