Lima, 16 sep (EFECOM).- La ministra de Transportes y Comunicaciones de Perú, Verónica Zavala dijo hoy que se velará por el bienestar de la multinacional Telefónica y los usuarios, al responder si el Gobierno promulgará la ley que elimina la cuota fija mensual de telefonía.
En declaraciones a la emisora CPN radio, Zavala señaló que, "buscaremos un equilibrio como Estado" entre Telefónica y los usuarios, donde analizaremos "el costo, la calidad y la cobertura del servicio telefónico".
El pasado jueves, el pleno del Congreso peruano eliminó la ley que acaba con la renta básica que cobra la empresa Telefónica, filial de la multinacional española Telefónica, a los usuarios peruanos desde que firmó el contrato de concesión en 1994.
Zavala indicó que el Gobierno evalúa "los impactos constitucionales y sociales de la norma, teniendo en claro que nuestro objetivo es que la telefonía esté al alcance de más personas y dentro de ese esquema estamos trabajando".
La ministra no descartó la posibilidad de que el contrato entre el Estado y Telefónica se modifique, "previo acuerdo entre las partes, porque nosotros no queremos dar señales que nos saquen del camino para lograr el grado de inversión como país".
El presidente de Telefónica del Perú, Antonio Carlos Valente, se reunió el viernes con el primer ministro, Jorge del Castillo, y con Zavala para expresarles su preocupación por la ley aprobada en el Parlamento.
Según el diario limeño "Perú 21", en la cita, Valente se quejó de que la norma legislativa tiene "nombre propio y que no beneficiará a los sectores más pobres de la población".
Además, indicó que "son alrededor de dos millones de usuarios los que cuentan con el servicio básico de telefonía, de los cuales hay 192.000 en Lima y 75.000 en provincias, entre los teléfonos residenciales, que pagan efectivamente una renta básica".
Así, "la ley beneficia solo al 10 por ciento de usuarios aproximadamente", explicó Valente.
Durante la reunión, Valente negó que Telefónica tenga compromisos pendientes con el Estado establecidos en su contrato y que "se atendió los servicios telefónicos a 3.000 pueblos, pese a que la meta del contrato era de 1.525".
Además, el presidente de Telefónica afirmó que existen 600 distritos rurales que no tienen servicio telefónico.
De acuerdo con el matutino, la intención del primer ministro es que los acuerdos que se puedan alcanzar con la empresa estén dirigidos a beneficiar a la población de menores recursos, a la que no beneficiaría la ley del Congreso.
El gobierno del socialdemócrata Alan García tiene un plazo de quince días para promulgar la norma legislativa, vetarla u observarla y devolverla al Congreso, para que la reforme según los criterios oficialistas. EFECOM
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