El presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, ha explicado que se detectaron nuevas aportaciones económicas al proyecto de Campus de la Justicia cuando ya estaba en proceso de disolución y remitió hasta en 14 ocasiones a la Asamblea de Madrid y al Gobierno regional que no se entregaban o lo hacía fuera del plazo establecido las cuentas de la entidad, lo que imposibilitaba el poder valorar si los fondos y provisiones que se transferían desde la Comunidad estaba justificados.
Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión del Estudio del Endeudamiento de la Asamblea de Madrid y donde ha defendido que se comunicó esta situación tanto a la cámara regional como al Ejecutivo autonómico, sugiriendo también a los grupos parlamentarios que valoren si se tiene que dar más competencias a la Cámara de Cuentas para intervenir en este tipo de situaciones.
"Necesitamos tener esa capacidad sancionadora", ha defendido Canalda para decir que el caso de la sociedad encargada del Campus de la Justicia es un caso "excepcional" dentro de la Comunidad de Madrid, pues el resto de organismos rinde cuentas, y entiende que ello tiene que ver con "dejación de funciones" por parte de antiguos gestores que de una actitud de no informar.
