
El Gobierno de Artur Mas ha dado un paso más en la creación de sus denominadas Estructuras de Estado a un mes de la cita electoral del 27 de septiembre. Los grupos de Convergència, Unió y ERC aprobaron en la Diputación Permanente del Parlament la modificación a la ley que regula el funcionamiento del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) con el objetivo de convertirlo en un banco público.
La Generalitat pretende solicitar ficha bancaria a Bruselas para operar, lo que implicará que deba someterse a la supervisión de las autoridades europeas así como a las agencias crediticias. Este cambio de naturaleza jurídica del ICF también puede tener impacto en el déficit catalán, ya que impide que en un futuro se traspase a la Generalitat el balance y deuda de este organismo (unos 2.800 millones de euros, según datos de ERC) y desequilibrar así sus cuentas. Fuentes del ICF, recalcaron que este ente es una entidad financiera pública y que la modificación ha servido para reforzarlo en este sentido.
Controlar el déficit
Según explicó el consejero catalán, el Eurostat, organismo responsable de la aplicación de las normativas del Sistema Europeo de Cuentas-SEC 2010-, que ha entrado en vigor en 2014, se ha planteado modificar la naturaleza de entidades europeas que, como el ICF, tienen titularidad pública y ejercen las funciones propias del instituto. Un posible cambio en los criterios contables en organismos podría implicar que se considerasen empresas públicas.
Mas Colell defendió ayer la conversión del ICF en un banco público al considerar que será la mejor vía para que los créditos lleguen a manos de empresas y particulares. Además, el consejero indicó que el objetivo del Gobierno de Mas es "que el ICF pueda actuar con total transparencia, independencia y rigor en el marco de la Unión Bancaria Europea, a imagen y semejanza de más de un centenar de entidades financieras de titularidad pública que operan".
Entre otros aspectos, disponer de ficha bancaria permitiría al ICF mejorar su calificación crediticia (rating), captar fondos en mejores condiciones de las que consigue ahora (actualmente se financia gracias al Banco Europeo de Inversiones y a la deuda que emite entre inversores cualificados) o bien beneficiarse de una rebaja de impuestos, entre otras ventajas. Mas-Colell explicó en la Diputación Permanente que el ICF ya se ha ido adaptando en los últimos meses a la normativa europea, por ejemplo, dotando a la institución de independencia en la gobernanza, con la introducción en el consejo de administración de una mayoría de miembros independientes.
Esta adaptación, según explicó el consejero de economía catalán, pasa por la máxima independencia del ICF de la Generalitat, que se limitará a marcar el límite de endeudamiento del organismo a la ley de presupuestos.
Los partidos de PP y Ciutadans votaron en contra de la convalidación con el argumento de que el Govern pretende en realidad crear un banco público que sea el germen de un banco central de una eventual Cataluña independiente de España. Por su parte, ICV-EUiA y PSC se abstuvieron durante la sesión de ayer.