Madrid, 13 sep (EFECOM).- El Gobierno trasladó hoy a la Comisión Europea (CE) su voluntad de cumplir la normativa comunitaria y se mostró dispuesto a modificar algunas de las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para autorizar la opa de E.ON sobre Endesa.
No obstante, el Ejecutivo español justificó la imposición de condiciones a la operación para garantizar el suministro energético y salvaguardar el interés general.
El Gobierno remitió hoy a Bruselas una carta en la que responde a las objeciones planteadas por la CE en torno a las condiciones fijadas por la CNE.
El documento, de casi cuarenta páginas, explica que el Ministerio de Industria podría modificar algunas de las condiciones impuestas por el organismo regulador cuando resuelva los recursos de alzada presentados por E.ON y Endesa.
Estas modificaciones o ajustes irían en línea con las alegaciones efectuadas por las empresas, en especial por E.ON.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, recalcó hoy, antes de que la carta llegara a Bruselas, que la respuesta de Industria deberá tener en cuenta las objeciones de la CE.
El departamento encabezado por Joan Clos tiene de plazo hasta noviembre para responder a estos recursos, aunque fuentes del Ministerio indicaron hoy que confían en resolverlos "en las próximas semanas".
No obstante, Industria aún no ha pedido a la CNE su informe preceptivo, según explicaron a EFE fuentes del organismo regulador.
El vicepresidente segundo y titular de Economía, Pedro Solbes, apuntó que tanto los recursos como la solución a las diferencias con Bruselas "estarán en condiciones de ser resueltos" a finales de este mes o principios del próximo.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo ayer en Meersburg (Alemania), tras reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, que la resolución de Industria se produciría "en los próximos días".
La carta remitida a Bruselas expone la posición del Gobierno sobre las condiciones impuestas por la CNE.
Sobre las condiciones 9, 10 y 11, que obligan a E.ON a abordar desinversiones o a ceder la gestión de las centrales nucleares, el documento expone los riesgos que la "filialización" de Endesa puede entrañar para los intereses de España en materia de seguridad de suministro y elección de fuentes energéticas.
No obstante, la carta señala que Industria analizará la proporcionalidad de las condiciones impuestas por la CNE y tendrá en cuenta la posibilidad de aplicar otras medidas que, en todo caso, garanticen suficientemente la seguridad del suministro.
Sobre la condición número 15, que impide a E.ON tomar medidas que perjudiquen la seguridad del suministro en España, la respuesta del Gobierno admite que cabría analizar su modificación de acuerdo con las objeciones planteadas por la CE, aunque subraya que no cabe hacer ningún reproche a su imposición, porque su objetivo es salvaguardar un interés legítimo como es la garantía del suministro.
El Gobierno prevé mantener la condición 17, que obliga a E.ON a vender Endesa si el grupo alemán es adquirido por otra sociedad en un plazo de diez años.
En este punto, la carta destaca que E.ON no la ha recurrido y señala que es similar a la que impuso el Gobierno de Berlín en la fusión del grupo alemán con Ruhrgas.
Por último, el Gobierno afirma que las condiciones 16 y 19 (que permiten revocar la autorización concedida a E.ON en caso de incumplir sus obligaciones) resultarían modificadas al estimarse, aunque sea de forma parcial, el recurso de E.ON.
La CE confirmó esta tarde que ha recibido la respuesta de España a su petición de explicaciones e indicó que la está estudiando y que tomará "lo antes posible" una decisión.
La carta de las autoridades españolas será analizada por el Ejecutivo comunitario el próximo 26 de septiembre, según adelantó recientemente el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.
Bruselas anunció el pasado 25 de agosto que, según un análisis preliminar, la mayoría de las exigencias de la CNE son contrarias a la normativa comunitaria y pidió al Gobierno español que las justificara.
El plazo inicial para responder a la petición de la CE concluía el 4 de septiembre, pero España solicitó una prórroga, que le fue concedida y que concluía hoy.
El portavoz de Competencia, Jonathan Todd, afirmó hoy que las autoridades españolas deben notificar a Bruselas cualquier modificación en las condiciones de la CNE. EFECOM
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