
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prevé presentar "después del verano" un informe que recogerá sus reflexiones y recomendaciones sobre la economía colaborativa, un fenómeno en auge que engloba a empresas como Uber o Airbnb.
La denominada economía colaborativa ha sido uno de los temas que se han abordado en las VIII Jornadas de Competencia, que han tenido lugar este jueves y viernes en Barcelona.
Responder rápido a los cambios
El presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACC), Arseni Gibert, ha explicado que esta actividad económica "plantea algunos problemas" y que las administraciones tienen "dificultades" para regularla, dado que es un fenómeno nuevo "y las novedades a veces son difíciles de digerir".
"Todo cambia minuto a minuto, así que la respuesta tiene que ser también rápida", ha señalado Gibert.
La economía colaborativa es una de las líneas en las que trabaja la CNMC, que ha dado por concluido un proceso en el que ha recopilado las distintas sensibilidades sobre el tema con el fin de elaborar un informe definitivo que el organismo presentará previsiblemente en septiembre.
"Es un desafío que tenemos todos los reguladores porque nos enfrentamos a cosas nuevas", ha comentado el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, que ha recordado que las leyes actuales están pensadas "para una situación de mercado bien distinta" y no dan cobertura a las nuevas formas de economía que, en cambio, están plenamente incorporadas en la sociedad.
Aplicaciones como Uber, que ha puesto en pie de guerra a los taxistas de muchas ciudades del mundo, o Airbnb, que conecta a través de Internet a personas que buscan alojamiento con otras que disponen de espacio en sus casas, han situado en la primera línea informativa los servicios que ofrecen algunos particulares y que desde ciertos colectivos profesionales son vistos como competencia desleal.
En la regulación de este tipo de nueva economía trabajan ahora administraciones como la Generalitat, que recientemente ha anunciado que ordenará las nuevas modalidades de alojamiento turístico, como el alquiler de habitaciones en viviendas particulares que facilita Airbnb, que quedará sujeto a la tasa turística que en Cataluña ya pagan establecimientos turísticos como hoteles y casas rurales.