Santander, 12 sep (EFECOM).- La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ya ha decidido respecto a las condiciones que exige a E.ON para comprar a Endesa, pero no descarta encontrar "mejoras" en la aplicación de la normativa a la OPA en su otra función como órgano asesor del Gobierno, dijo hoy su presidenta, María Teresa Costa.
Costa expuso hoy su visión sobre el marco regulador del mercado de la energía en España en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, cuyos asistentes le formularon varias preguntas sobre las condiciones que la CNE ha puesto a la eléctrica alemana para absorber a la española y sobre si éstas podrían cambiarse.
La presidenta respondió que la CNE tiene dos funciones: una como regulador y otra como asesor del Gobierno en varias materias, entre ellas, en los recursos que se formulan contra sus decisiones, como es el caso de la OPA de E.ON sobre Endesa, puesto que su dictamen ha sido impugnado ante el Ministerio de Industria por ambas empresas.
Costa recalcó que "la CNE ya ha tomado su decisión respecto a las condiciones", pero luego precisó que "eso no quiere decir que en la función de asesoramiento se puedan buscar o encontrar mejoras en el tratamiento y aplicación de la normativa española y comunitaria".
La presidenta de la Comisión aclaró que sólo estaba "describiendo el itinerario de trabajo" y excusó dar más detalles sobre ese informe al Gobierno respecto a los recursos de alzada porque "es interno" y porque sus servicios jurídicos aún están preparándolo.
También dejó claro que, "mientras exista un recurso de alzada" contra a las condiciones que puso a la OPA, la decisión ya no corresponde a la CNE, sino al órgano que ha de estudiar y fallar esa impugnación de las empresas: el Ministerio de Industria.
Otra de las preguntas que formularon los asistentes al seminario a la presidenta de la CNE se refería a las advertencias de la Comisión Europea a España sobre la posibilidad de que las condiciones exigidas a E.ON vulneren la normativa comunitaria.
Costa contestó que la opinión de la Comisión Europea "se basa en la interpretación que hacen sus servicios jurídicos", lo mismo que las decisiones que han tomado los organismos españoles, y recordó que, llegado el caso, si persisten las discrepancias, decidiría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
"Los gobiernos son los únicos que pueden tomar decisiones que permitan que el marco en el que se desarrolla un proyecto empresarial sea de un tipo o de otro, sea más favorable o menos favorable. Pero ustedes saben, como yo, que la última palabra sobre cuestiones de legalidad la tiene el Tribunal de Luxemburgo, aunque mejor que eso no llegue a ocurrir", dijo.
Después subrayó que el Tribunal de Justicia de la UE "acostumbra a ser muy prudente en estas cuestiones y difícilmente comparte criterios que pueden haber parecido a la Comisión Europea muy llamativos, pero que, al final, no lo son".
"En cualquier caso, el Gobierno y cualquier miembro del Gobierno están en su legítimo derecho a opinar respecto a cómo gobernar un país y, por lo tanto, a tomar las decisiones que considere más apropiadas sobre los mercados", añadió.
Costa admitió que los gobiernos pueden tomar decisiones que no sean coincidentes con el criterio del regulador -"no será ni la primera ni la última vez, ha pasado en Alemania y en España"-, porque los órganos reguladores "no conocen" en su función "las oportunidades de gobierno ni las relaciones internacionales que pueden tener los gobiernos", argumentó. EFECOM
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