La polémica en la reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas parece el cuento de nunca acabar. Pese a que mañana es el día en el que dicha normativa será votada en el Congreso de los Diputados, el grupo popular ha bloqueado todas las enmiendas presentadas -en el informe de ponencia remite al texto del 27 de febrero, fecha en la que el Consejo de Ministros dió luz verde a este anteproyecto- y el texto será sometido a votación pese a no contar ni con el apoyo del sector, ni con las enmiendas presentadas por los grupos.
En este sentido, fuentes del sector han apuntado a que esto se debe a la presión que una firma de servicios profesionales que verifica las cuentas de muchas compañías que cotizan en el principal selectivo español ejerció sobre el Gobierno de Mariano Rajoy.
En particular, según ha podido saber elEconomista, esta firma comenzó por sabotear diferentes enmiendas por las que podría salir más perjudicada, presionando a diversas partes del Gobierno. En primer lugar, lo intentó con el Ministerio de Economía para que fueran "suprimidas" algunas mejoras en la ley. Como esto no estaba teniendo el efecto deseado, volvió a intentarlo con la Oficina Económica de Presidencia, que volvió a meter presión a Economía hasta que algunas enmiendas quedaron fuera de la nueva normativa.
Sin embargo, estas presiones, dimes y diretes del sector, desembocaron en un supuesto enfado del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que tomó la decisión de que la reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas fuera sin ninguna enmienda al Senado.
En este sentido, llama la atención que el grupo popular elaborara una serie de enmiendas que posteriormente han decaído y que habrá que esperar a la Cámara Alta. Con todo, a través de esta maniobra, el Gobierno vuelve a tener más tiempo para consensuar una norma que se le está atragantando, dada la opinión contraria del sector.
Una norma que no convence
Según apuntaron fuentes solventes a este diario, la normativa sigue dejando "muchos flecos sueltos" y "sigue sin aclarar algunos artículos de difícil comprensión". En esta línea, es muy llamativo el punto relativo a la independencia de los auditores. Tal y como apunta el sector -así como se explicaba en el informe del Consejo de Estado-, la norma establece un sistema de incompatibilidades "farragoso" y "difícil" de entender.
Con todo, la novedad que sí entrará probablemente en las modificaciones del Senado es la acotación de las denomindas Entidades de Interés Público (EIP). Según constaba en las enmiendas presentadas por varios grupos parlamentarios, se incluirían dentro del concepto de EIP los bancos, las cotizadas y las aseguradoras.
En cuanto a las que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), quedarían limitadas a aquellas que son consideradas como "empresas en expansión".
No obstante, según constaba en la enmienda presentada por los populares, el Gobierno podría delimitar este concepto en el plazo de un año para equiparar el número de EIP en España con el del resto de la UE.