Los geólogos creen que se podrían propiciar sobrecostes en el almacén nuclear.
La polémica en torno a la adjudicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) se ha trasladado al sector político. Tras la dimisión del expresidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, el PSOE va a solicitar una auditoría sobre su gestión al frente de la empresa estatal.
El principal partido de la oposición está convencido de que todos los contratos y precontratos relacionados con este proyecto "están en cuestión". De hecho, tanto el partido, como otras asociaciones medioambientales, llevan meses alertando de las presuntas "maniobras con tintes de prevaricación", que estaba llevando a cabo Gil-Ortega.
Tras una reunión con el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, destacó ayer que la dimisión de Gil-Ortega "es una bofetada" a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
Desde el Partido Socialista apuntan a que fue Cospedal quien le puso al frente de la compañía y por tanto "tiene que dar muchas explicaciones". Asimismo, Hernando criticó que Cospedal situara al mando de Enresa "a una persona que no tenía los conocimientos para asumir la responsabilidad de presidir una empresa tan importante".
Según Hernando, el cese de Gil-Ortega "no es una casualidad", ya que su gestión "está en entredicho y genera muchas dudas".
Posibles sobrecostes
Varias asociaciones que estaban en contra de que se instalara el almacén nuclear en los terrenos de Villar de Cañas (Cuenca), llevaban meses denunciando que Gil-Ortega estaba acelerando el proceso de adjudicación de la obra principal sin tener en cuenta los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
En este sentido, el Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) expresó a través de un comunicado que "las prisas con las que Enresa gestionó el proyecto y el concurso de adjudicación iban a conducir a unos sobrecostes importantes e introducir incertidumbres en la estabilidad estructural del ATC".
Por eso, ICOG solicita al Ministerio de Industria que se tome el "tiempo técnicamente necesario" para adjudicar las obras de una infraestructura de máxima seguridad, como el ATC. "Es un proyecto estratégico con una vida útil de 100 años, por lo que es necesario tomar todas las medidas técnicas necesarias para asegurar su estabilidad estructural".
Tras la dimisión del presidente de Enresa el pasado martes, el Gobierno central decidió un día después paralizar este proceso, al menos hasta que se pronuncie el CSN. En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría defendió que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tendrá "muy presente" la posición de este órgano, cuya competencia es garantizar la seguridad en los emplazamientos nucleares.
Tras el consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría, aprovechó para destacar en declaraciones a los medios que los terrenos donde se pretende instalar el almacén de residuos nucleares fueron seleccionados durante el último mandato del PSOE. "La elección de Villar de Cañas parte de una selección previa del Gobierno anterior y de entre esos cinco se designa uno", puntualizó.
Asimismo, se refirió al cambio que se está produciendo en la Presidencia de Enresa, una empresa estatal de la que ha destacado que "tiene mucho que decir sobre la cuestión y les corresponderá tomar las decisiones oportunas".
Dimite el presidente de Enresa
