La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha multado a Urbaser (ACS), FCC, Valoriza (Sacyr) y Cespa (Ferrovial), así como a otras 35 empresas y a las asociaciones Aselip, Aceser y Arema con un total de 98,2 millones por repartirse el mercado de gestión de residuos y saneamiento urbano.
La CNMC considera que desde el año 2000 hasta, al menos, 2013 estas empresas llevaron a cabo de forma continuada y en numerosas regiones españolas un reparto de las licitaciones públicas en la gestión de residuos industriales, recuperación del papel y cartón y en la actividad de saneamiento urbano.
Del total de la sanción -una de las mayores que ha impuesto el organismo- la mayor parte, 23,28 millones, ha correspondido a ACS a través de sus filiales Urbaser y Sertego; seguida del grupo FCC, con 16,88 millones; Valoriza (Sacyr) con 15,29 millones; Cespa (Ferrovial) con 13,61 millones o el grupo Saica con 5,3 millones. Todas ellas concentran el 75% de la sanción total.
Gestión de residuos
El importe total de la multa representa el 3% de la facturación anual del mercado afectado, han señalado fuentes de la CNMC, que aseguran que la resolución tiene su origen en una inspección sobre la gestión de residuos en Baleares y que se trata de una de las más complejas debido al número de empresas involucradas, el volumen de la sanción, la extensión geográfica y la duración en el tiempo.
Para llevar a cabo estas prácticas, las empresas sancionadas se repartían las licitaciones presentando ofertas conjuntas bajo el modelo de UTE o acordaban no concurrir a una parte de la licitación a cambio de la posterior participación en dichas actividades.
También llegaron a acuerdos para respetar a los clientes de sus competidores(públicos o privados), al tiempo que se repartían a los nuevos clientes; intercambiaban información comercial sensible; boicoteaban aquellas licitaciones que no se ajustaban a sus intereses o utilizaban a las asociaciones sectoriales para coordinar las actuaciones y las recomendaciones colectivas.
En el marco de este expediente, que se inició en 2012, la CNMC ha probado la existencia de conductas anticompetitivas en las licitaciones convocadas por el Ayuntamiento de Madrid entre 2011 y 2013 entre los que destaca el acuerdo de FCC, Cespa y Urbaser en el contrato de limpieza viaria y jardinería, de residuos urbanos de la periferia, o en el contrato de gestión de residuos industriales por 542 millones.
También denuncia un acuerdo entre Cespa, Urbaser y Valoriza para repartirse la explotación de dos plantas de Valdemingómez, así como el acuerdo de colaboración entre FCC y Urbaser (ACS) en 2009 para acudir conjuntamente a todas las licitaciones públicas a nivel nacional para el diseño/construcción y explotación de plantas de aprovechamiento energético de residuos urbanos.
Dentro del saneamiento urbano, la patronal Aselip elaboró un Código de Conducta que recogía recomendaciones para que se respetasen los clientes de los competidores o cuando no ofertar, lo que produjo un perjuicio para entidades locales de Andalucía, Madrid y País Vasco, así como para los contribuyentes.
La CNMC que preside José María Marín Quemada confía en que la multa sea disuasoria aunque reconocen que la Audiencia Nacional ha revisado a la baja sistemáticamente el importe de las multas recurridas en los dos últimos años.
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