
Nuevo varapalo de la Audiencia Nacional a Coca-Cola Iberian Partners, el embotellador del gigante de los refrescos en España. En un nuevo auto publicado hoy, la Sala de lo Social impone a la compañía la obligación de pagar los salarios a los 278 despedidos que aún no han aceptado la recolocación y a los que ha ofrecido trabajar en otros centros tras el cierre de los suyos.
El auto es claro al asegurar que las empresas que integran el nuevo embotellador "deberán continuar abonando los salarios de sustanciación sin exigir contraprestación profesional de todos los trabajadores, a quienes readmitieron en centros que les obligaría al cambio de residencia".
El pasado 12 de junio la Audiencia declaró ya nulo el ERE y el 20 de noviembre, tras un escrito de los representantes sindicales, obligó a la empresa a llevar a cabo una ejecución provisional a la espera de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo. La compañía ha ofrecido a estos trabajadores (41 de los 350 que reclamaron ya se han recolocado) un puesto en diferentes centros de trabajo, pero estos, hasta ahora lo han rechazado.
La Audiencia les recuerda no obstante también a los sindicatos que "no cabe pronunciarse ahora sobre que consecuencias tendrá el cierre de las factorías de Fuenlabrada (Madrid); Colloto (Asturias); Alicante y Palma de Mallorca (Baleares), caso de confirmarse nuestra sentencia de 12 de junio", una cuestión que queda pendiente del Supremo.