La Comisión Europea pidió hoy a la empresa estadounidense Uber, que ponen en contacto a usuarios y conductores particulares para desplazamientos de pago a través de una aplicación móvil, que respete la ley, al tiempo que instó a los Veintiocho a no caer en la discriminación.
"Necesitamos un mercado digital único que funcione. Discriminación, no. Respeto a la ley, sí", señaló el vicepresidente de la CE para Mercado Digital Único, Andrus Ansip, en su cuenta oficial de Twitter.
Ansip, que mantuvo hoy un encuentro en Bruselas con el consejero delegado de Uber, Travis Kalanick, a petición de la compañía, calificó la reunión de "positiva" y sostuvo que "lo digital impulsa la innovación".
"La Comisión apoya el desarrollo de servicios nuevos e innovadores de movilidad. (Estos servicios) deben respetar naturalmente las reglas", comentó a Efe la portavoz comunitaria Lucía Caudet.
"Al mismo tiempo, los Estados miembros tienen que respetar principios generales de la legislación de la UE cuando apliquen sus provisiones nacionales, tales como proporcionalidad, no discriminación y libertad de establecimiento", añadió.
Kalanick se entrevistó también con las comisarias europeas de Transportes, Violeta Bulc, y de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, según indicaron a Efe fuentes comunitarias.
El objetivo del encuentro era establecer un primer contacto y discutir sobre el desarrollo del mercado de las tecnologías y servicios digitales, así como tratar cuestiones relacionadas con el transporte de pasajeros, añadieron.
El Ejecutivo comunitario ya adelantó a finales de 2014 que este año decidirá si considera a Uber como un servicio de transporte o como uno tecnológico, lo que podría frenar los intentos de prohibición en países como Francia.
El Ejecutivo comunitario analiza la cuestión porque Uber ha presentado una queja contra Francia en la que denuncia que la normativa nacional, en la que el Gobierno galo fundamenta su intención de prohibir este servicio, viola el derecho comunitario.
Uber, presente en 253 ciudades de 52 países, 19 de ellos comunitarios, mantiene litigios en España, Bélgica, Holanda y Alemania a raíz de las protestas del sector del taxi, que denuncia que la empresa ejerce una competencia desleal al ofrecer un servicio remunerado de transporte con conductor privado sin tener licencia.
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