El Gobierno aprueba un proyecto de ley que le permitiría engordar lo que cobra como acreedor. Los afectados dudan de que puedan recuperar ni siquiera el 30% del dinero tras la liquidación
La indignación con el Gobierno crece por momentos entre los clientes de Fórum Filatélico afectados por la intervención judicial de la compañía. Entre el pesimismo y el desasosiego, una gota amenaza con colmar el vaso: es el proyecto de ley de prelación de créditos aprobado por el Gobierno antes del verano y que permite, entre otras medidas, que Hacienda amplíe los tipos de deudas con las que puede acudir de forma preferente a la liquidación de una empresa. Al aumentar los tipos de deuda, incluyendo los recargos y otras facturas, Hacienda cobraría más y el resto de perjudicados menos.
De momento no es más que una posibilidad. Pero, de aprobarse la ley como está, por calendario podría afectar de lleno y de forma significativa a los perjudicados por la intervención de Fórum.
En este caso, el impacto real dependerá de las deudas que Hacienda encuentre y reclame a la compañía. Un dato que hoy por hoy se desconoce. Oficialmente, hasta la intervención, el 9 de mayo, Fórum estaba al día en los pagos tanto con la Agencia Tributaria como con la Seguridad Social, por lo que las deudas con el Estado no deberían ser significativas.
El resto del pasivo alcanzaría los 2.000 millones de euros, teniendo en cuenta sólo el capital invertido por los clientes (y no los pactos de recompra), que es el que Hacienda reconocerá en el concurso, según comunicó el administrador judicial la semana pasada.
El resto del pasivo alcanzaría los 2.000 millones de euros, teniendo en cuenta sólo el capital invertido por los clientes (y no los pactos de recompra), que es el que Hacienda reconocerá en el concurso, según comunicó el administrador judicial la semana pasada.
Baile de cifras
De ser así, el impacto sería muy limitado en relación con los 1.000 millones de euros en activos que podría justificar la compañía y los clientes podrían recuperar hasta el 50 por ciento de la inversión realizada. No obstante, las asociaciones de afectados se mostraban ayer muy pesimistas a través de los foros de Internet que se están convirtiendo en auténticos hervideros: la mayoría apenas cree posible recuperar entre el 20 por ciento y el 30 por ciento de la inversión.
Al parecer, pocos confían en el informe de la defensa del ex presidente de Fórum, Francisco Briones, que valora la colección filatélica en 950 millones de euros, frente a los 410 millones cifrados por Hacienda. A ello, habría que sumar una cartera de inversión con un valor de mercado estimado en 400 millones de euros, 80 millones de euros en acciones, 605 millones más en activos inmobiliarios y los 410 millones de fondos propios. En total, casi 3.000 millones.
Cambio de opiniónLa cuestión es: ¿El Gobierno se atreverá a ponerse el primero para cobrar en la lista de acreedores con el desgaste político que supondría esta medida? El proyecto de ley ha recibido ya numerosas críticas (incluido un informe negativo del Consejo Económico y Social) y no hay que descartar que se pueda modificar durante su trámite parlamentario, al contradecir incluso las tesis mantenidas por el PSOE cuando estaba en la oposición.
Concretamente, el portavoz del grupo socialista en la pasada legislatura, Joaquín Sánchez Garrido, se manifestó contrario a los privilegios de Hacienda, a pesar de que la ley concursal ya rebajó el privilegio hasta el 50 por ciento de los créditos públicos. El resto deberían ponerse al mismo nivel que los demás acreedores.
"Me considero enemigo declarado, aunque soy defensor de lo público, del privilegio de estos créditos", aseguró Sánchez Garrido en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la ley concursal. El portavoz socialista emplazó entonces al Gobierno del PP a que redujera paulatinamente estos privilegios del Estado a un máximo del 10 por ciento.
Más privilegios
El proyecto del ley aprobado hace poco más de un mes por el Gobierno, lejos de bajar ese porcentaje, engrosa los conceptos sobre los que se ha de aplicar ese 50 por ciento en beneficio de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. "Hacienda podrá incluir los recargos para inflar su propia deuda", denunciaban los técnicos del Colegio de Economistas el viernes, con motivo del segundo aniversario de la ley.
Los economistas recuerdan que en los últimos meses, Hacienda ha perdido media docena de recursos ante los juzgados de lo mercantil por intentar cobrar de forma privilegiada todos sus créditos.
Hacienda argumentaba que el artículo 77 de la Ley General Tributaria garantiza su "prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores". Los jueces no lo entendían así. A la vista de lo cual, el Gobierno ha llegado a la conclusión de que la batalla está perdida, a no ser que se cambiara la ley.
