Los cánones de saneamiento suponen el 40% del recibo doméstico. Se destinan a cubrir los costes de tratamiento de las aguas residuales -la operación de las depuradoras y otras infraestructuras- y los hay en casi todas las comunidades autónomas. Oscilan entre los 0,4 y los 0,5 euros por metro cúbico. Descárguese gratis el último número de elEconomista Agua y Medio Ambiente
El Gobierno dispone de 700 millones de euros, provenientes del europeo Fondo de Desarrollo Rural (Feder), para construir 400 depuradoras durante los próximos años. En sus planes entra la participación privada, de modo que la inversión que se canalice finalmente sea de 1.400 millones, algo que el mercado espera con ansiedad, tras demasiados ejercicios de vacas muy flacas en la obra pública.
En esos mismos planes se han establecido seis niveles de prioridades para ejecutar las plantas, porque urge: España sufre sanciones económicas crecientes por parte de la UE por no cumplir la normativa de saneamiento y depuración, y cuanto antes se cumpla, menos multa se pagará.
Además, para evitar que las nuevas depuradoras se queden paradas una vez construidas porque no se quiera subir el agua a los vecinos -algo relativamente común-, se exigirán garantías de que operarán correctamente. Ello, necesariamente, lleva a subir los cánones de saneamiento.
Los cálculos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) indican que lo harán en un 50 por ciento, para situarse en 0,6 ó 0,7 euros por metro cúbico. El impacto que tenga este incremento sobre los recibos del agua de los consumidores dependerá de los conceptos que en ellos se incluyan, pero debería rondar el 20 por ciento.
Protocolos de actuación
El Magrama, que tiene potestad para distribuir los 700 millones del Feder entre las comunidades autónomas, quiere alcanzar protocolos de actuación bilaterales con ellas. Los propone con vigencia hasta 2021 y en función de las prioridades establecidas.
En el sector ha gustado el planteamiento, porque hasta ahora hemos hecho bien las cuentas de las obras de las infraestructuras, pero no las de su operación y el mantenimiento. Roque Gistau, actualmente ligado al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, lo considera "el primer estudio sensato del Magrama" y le gusta, sobre todo, la novedad de que los fondos comunitarios no se libren si no hay garantía de que las plantas hagan su trabajo y depuren el agua.
La normativa comunitaria en materia de depuración y saneamiento (Directiva 91/271/CEE) se aprobó hace ya un cuarto de siglo. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la situación en España no es conforme a lo prescrito. Por eso la Comisión Europea tiene abiertos tres procedimientos de infracción contra nosotros y uno de ellos ya cuenta con sentencia firme del Tribunal de Justicia Europeo desde 2011; incluye una multa con una parte fija de 7,4 millones anuales y otra parte variable, de tres a 186 millones al año, de modo que, hasta ahora, como mínimo, supera los 30 millones.
El pasado mes de noviembre recaló otro de los procedimientos de infracción en el citado Tribunal y se da por sentado que también acabará en sanción, porque no nos va a dar tiempo a construir las infraestructuras necesarias para cumplir la Ley antes de que fallen los jueces. Es imposible saber a cuánto ascenderán las multas que terminaremos pagando, porque son acumulativas, pero en las previsiones del Magrama figura que la suma de todas ronde los 100 millones. Al Magrama no le gusta nada que se hable de este asunto y se niega a facilitar la documentación que cada semestre debe remitir a la Comisión Europea sobre el avance de las actuaciones relativas a los procedimientos de infracción. Liana Ardiles, la directora general del Agua, ha dicho que el Ministerio no lo considera necesario y que sólo se divulgaría esa información cuando estuviera listo el próximo Plan Hidrológico Nacional.
Informe de Bruselas
Sin embargo, elEconomista Agua y Medio Ambiente ha tenido acceso al contenido del último informe entregado a Bruselas, con datos de 2013, y al resultado de un estudio sobre la evolución que deberían tener los distintos cánones de saneamiento autonómicos para cubrir el coste de operación de las infraestructuras.
En la actualidad, las 2.525 depuradoras del país consiguen tratar adecuadamente casi el 85% de todas nuestras aguas residuales, si bien al descender a áreas geográficas concretas ese grado de cumplimiento es notablemente peor, sobre todo en las zonas ambiental- mente sensibles, donde las exigencias son mayores.
Por otro lado, si todas las infraestructuras construidas operasen correctamente, la carga contaminante del agua sería inferior y se llegaría mejor a los índices de calidad exigidos por la UE.
La previsión del coste que tendrá la construcción de las depuradoras, los tanques de tormenta y las demás infraestructuras necesarias, ha ido bajando desde los 19.000 millones que se estimaban en 2007 hasta los 9.000 millones que el Magrama calcula en la actualidad, a pesar de que la inversión ejecutada entre ambas cifras ha sido mínima por culpa de la crisis.
Distorsión en el mercado del agua
