El Tribunal de Cuentas critica el exceso de acuerdos previos entre las Administraciones Públicas y algunas empresas a la hora de contratar, una práctica que, si bien está justificada por razones técnicas en determinados casos, supone una traba para el acceso a las licitaciones. Así consta en el Informe de fiscalización relativo a la contratación del sector público estatal celebrada durante el ejercicio 2012.
La aplicación del procedimiento negociado sin publicidad en la contratación a veces se justifica por la complejidad de las prestaciones y otras por la obligación de encargárselo a una empresa concreta dadas razones técnicas, artísticas o de protección de derechos exclusivos, por la necesidad de secreto o por ser la única que puede llevar a cabo el trabajo. Pero, según el Tribunal de Cuentas, "si bien la elección del procedimiento por razones técnicas pudiera estar justificada, la existencia de un acuerdo previo limita, al menos, el acceso de otras empresas del sector a la licitación".
Advierte el organismo de que en algunos casos las entidades públicas "no negociaron con las empresas invitadas" al procedimiento negociado sin publicidad, sino que se "limitaron a evaluarlas". Es el caso, informa Ep, de varios contratos realizados por la Fundación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de la Dirección General del Tráfico (DGT), Patrimonio Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o el Banco de España. Por otra parte, el Tribunal señala que en algunos expedientes no constaban todas las facturas mientras que, en otros, se detectó un "exceso en la facturación" o incluso una transferencia bancaria por un importe superior al realmente facturado.
Pagos superiores a la factura
En estas últimas circunstancias se encuentran dos contratos de la Fundación Lázaro Galdiano, si bien el organismo justificó esta discrepancia entre la factura y la transferencia en que se buscaba no incurrir en gastos por comisiones bancarias al tratarse de la misma adjudicataria, de modo que se abonaron los importes conjuntamente.
Además, en algunos de los expedientes de contratación el Tribunal detecta deficiencias en la determinación del precio, al incluirse gastos que o no estaban aprobados por el órgano de contratación, o no estaban definidos en el contrato.
Además, las importantes bajadas en los precios ofrecidos por los licitantes llevan al organismo a afirmar en varias ocasiones que el precio no se fijó atendiendo a criterios de mercado, y que se mantuvo el uso indebido del "contrato complementario" para evitar una nueva licitación, si bien el Tribunal admite que en estos casos se ha logrado una "significativa mejoría".
Necesidad no acreditada
El informe detecta un "significativo aumento" de contratos cuya necesidad no está acreditada suficientemente ni tampoco se justifica adecuadamente en muchos casos la insuficiencia de medios personales y materiales que obligaba a la externalización de una obra o servicio.
El organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda recoge críticas recurrentes por omisiones y deficiencias en las relaciones de los contratos formalizados o en la información suministrada, así como "significativos incumplimientos y demoras" en la presentación de documentación. También apunta cómo alguna de las normas internas de los contratos, al no adaptarse a la legislación vigente, "carecen de mecanismos que garanticen el cumplimiento de una serie de principios, entre ellos, los de publicidad, concurrencia y transparencia".
Los retrasos y modificaciones o ampliaciones de contrato, con los consecuentes sobrecostes, también se detectan de forma recurrente en este informe sobre el ejercicio 2012, sin que conste en la mayoría de los casos que se hayan resuelto los contratos o se hayan exigido las penalizaciones correspondientes.
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