La patronal se muestra inflexible en la liberalización del ferrocarril español. En sus alegaciones a la Orden Ministerial -documento al que ha tenido acceso este periódico- exige al Ministerio de Fomento que "Renfe no podrá incurrir en pérdidas en el corredor Levante y de ser así, deberá abandonar el corredor liberalizado".
Para ello, los servicios del operador ferroviario público que no constituyan Obligación de Servicio Público (como puede ser el caso de los trenes de Cercanías) no podrán recibir financiación, ni aportaciones del Estado que no estén autorizadas por la Comisión Europea.
Tanto la CEOE como otras entidades afectadas por el sector del ferrocarril han insistido en que exista "contabilidad separada" de Renfe Operadora en la explotación del Corredor del Levante, como ya publicó elEconomista. Uno de los objetivos prioritarios de esta contabilidad analítica es ofrecer unos datos transparentes para evitar que la compañía presidida por Pablo Váz- quez pudiera "recibir fondos procedentes de otras actividades de Renfe", añade el documento de alegaciones enviado por la patronal.
La CEOE da incluso pautas de cómo debe desarrollarse Renfe Viajeros en este Corredor del Levante. Así, debería de constituir una sociedad anónima independiente para cada corredor que se liberalice, "con asignación de recursos y cuenta de resultados propia".
Alquilar todos los trenes
La patronal también es bastante crítica en los aspectos relacionados con el material rodante y el mantenimiento. Considera que Renfe Operadora sigue siendo "el propietario del 100% del capital social de estas nuevas sociedades y actuará como matriz del grupo con funciones corporativas y de servicios".
Para evitar, a juicio de la patronal, "un claro conflicto de intereses" alega que la disposición de material rodante (trenes) debería ser para todo el parque disponible de Renfe Operadora, no sólo de la sociedad de alquiler. De esta manera, se garantizaría "el acceso al material rodante en condiciones no discriminatorias y asequibles para los nuevos entrantes".
Al mismo tiempo se pide que tanto la empresa de alquiler de trenes como la de mantenimiento y fabricación dejen de depende de Renfe Operadora y que pasen a formar parte de otras sociedades públicas que no reporten al Ministerio de Fomento (integrarse en la Sepi sería una solución que propone la CEOE). Paralelamente, el organismo requiere "la liberalización del proceso de mantenimiento".
15 años de explotación
Otros organismos como Asintra, una de las dos patronales de autobuses junto con Fenebús, también han presentado sus alegaciones y piden que el plazo de otorgamiento del título habilitante para el operador privado que explote el Corredor de Levante pase de los siete años propuestos en el borrador a 15 años, con la posibilidad de ampliarlos en un 50% de plazo más.
Por su parte, Fenebús también ha presentado alegaciones por separado y en muchos aspectos coincide con Asintra, aunque también pide que se modifique la posibilidad de reducir aún más la oferta de servicios que se ha fijado en el borrador. Según el artículo 11 del mismo, la oferta base de servicios ferroviarios se podrá reducir hasta en un 10% de la oferta. Fenebús pide hasta un 25%.
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