La proliferación de querellas sobre decisiones de gestión por parte de accionistas, empleados, acreedores y clientes empuja a las compañías a blindar a su alta dirección. Las 35 empresas que integran el selectivo Ibex cuentan con pólizas que protegen a sus principales ejecutivos frente a demandas por un importe máximo de 3.775 millones de euros.
El límite medio suscrito ronda los 111 millones, si bien la cobertura individual de las sociedades oscila entre los 15 millones y unos 360 millones en la empresa con mayores riesgos asegurados, según el VII Estudio D&O de Marsh, en colaboración con Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
Son cuantías máximas indemnizables y, pese a que 20 de las 35 principales cotizadas españolas han contratado blindajes para su ejecutiva inferiores a la cuantía media, revelan la altísima preocupación ante la creciente oleada de querellas en los tribunales.
En el precio influye el historial de siniestralidad de la firma, el número y tipo de directivos blindados, pero también condiciona el sector donde opera y el riesgo aumenta si es cotizada, siendo un agravante nada despreciable la existencia de inversores en Estados Unidos.
El riesgo de EEUU
Las multas históricas del Gobierno estadounidense para atajar, por ejemplo, el blanqueo de capitales han puesto contra las cuerdas a más de una entidad financiera local y a grandes colosos europeos (ninguno español). Un informe de Morgan Stanley cifraba en septiembre el coste total de los litigios para la gran banca de inversión mundial en 220.000 millones de dólares (176.800 millones de euros).
En Europa, atribuye a 20 bancos sanciones por 95.000 millones de dólares (76.300 millones de euros). El origen de esos correctivos, con ánimo ejemplarizante en muchos casos, va desde la comercialización de las hipotecas basura, no denunciar operaciones de clientes indiciarias de blanqueo, asesoramiento incorrecto en productos o manipulaciones de los indicadores euríbor o líbor.
La protección del seguro decae, en todo caso, si los jueces encuentran actuaciones delictivas en el ejecutivo al que protegen, siendo su validez para decisiones que, aunque desafortunadas para accionistas, empleados o acreedores, no revistan carácter penal o fraudulento. Es habitual que estas pólizas costeen al directivo la defensa jurídica e, incluso, se ocupen de depositar el aval si lo reclama un magistrado. Con sentencia firme y si el fallo es culpable, la aseguradora podría reclamar después los costes o indemnizaciones cubiertos.
En España se han activado múltiples pólizas con la judicialización de la comercialización de las denostadas participaciones preferentes, que volatilizaron los ahorros de cientos de miles de ciudadanos, y por las pensiones de oro que se autoconcedieron exgestores que llevaron a cajas de ahorros a la quiebra con su cuestionable gestión.
Escalada meteórica
El auge de las pólizas de D&O ha sido meteórico. Las empresas españolas destinaron 154,77 millones de euros el pasado año para alcanzar las coberturas indicadas, un 6% más. Esta contratación supone multiplicar por cinco los recursos destinados hace una década para estos blindajes. Aún así, la cuantía contratada está lejos de los 700 millones suscritos en Reino Unido, los 490 millones de Alemania o los 340 millones de Francia.
Casos como la quiebra de Enron en 2001, envuelta en un gran escándalo contable, pusieron en el mapa la importancia de estas pólizas. Pero su penetración ha venido empujada por cambios regulatorios derivados de crisis corporativas posteriores, al ir ampliando la responsabilidad exigible a los gestores.
La tendencia es en esa dirección. La reforma de la Ley de Sociedades de Capital ampliará en España ahora la tipificación de conductas desleales del estatuto de administradores, recuerda el estudio de Marsh.
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