
El ERE en Coca-Cola ha desatado una guerra sin precedentes en CCOO, poniendo en peligro incluso su representatividad en la compañía. La sección sindical de Casbega, la antigua embotelladora en Madrid, ha presentado una querella criminal contra Sol Daurella y Victor Rufart, presidente y consejero delegado de Iberian Partners, lo que ha provocado un profundo malestar en el resto del sindicato.
El enfrentamiento ha llegado a tal punto que el resto de secciones sindicales de Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) ha remitido una carta de protesta al secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en el que denuncian "un ninguneo total" al tomar "decisiones que nos afectan gravemente y que no solo nos se nos consulta, sino que ni tan siquiera se nos informa previamente".
La carta, a la que ha tenido acceso elEconomista, y que está firmada por las secciones sindicales de Cobega, Rendelsur, Asturbega y Begano solicitan a Fernández Toxo "que intervengas para que se retire la querella interpuesta, lo que nos permitiría una vez ejecutada la sentencia provisionalmente el 17 de noviembre, nos sentáramos a negociar con CCIP la mejor solución posible para los casi 4.000 trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola".
Según denuncian las secciones sindicales en esta carta "lo contrario, lo que está sucediendo ahora, el que cada uno hace la guerra por su cuenta sin importarle nada lo que pase al sindicato en los disintos centros de trabajo, generará un desastre sindical para CCOO de tal magnitud, que incluso pudiera suponer la desaparición del sindicato Coca-Cola Iberian Partners".

Los distintos delegados sindicales consideran que no puede adoptar la estrategia de la tierra quemada y que la presentación de la querella impedirá negociar un acuerdo con la dirección de la compañía.
"No estamos de acuerdo ni compartimos en modo alguno la presentación de la querella. No somos formas de actuar de CCOO y va a tener unas consecuencias irremediables para nuestro sindicato en las próximas elecciones sindicales, así como en el futuro de las relaciones laborales con Coca-Cola Iberian Partners", se insiste en la misiva.
La Audiencia Nacional, que anuló el ERE antes del verano, tiene que decidir el 17 de noviembre si ordena la ejecución provisional de la sentencia, lo que obligaría a readmitir a 234 trabajadores de Fuenlabrada.