La investigación a la familia Ruiz-Mateos por el fraude millonario de los pagarés, con miles de inversores atrapados en toda España, se ha atascado en los juzgados. El proceso suma ya más de 50 causas abiertas en todo el país -con varias condenas ya de prisión en firme- pero la negativa del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investiga el núcleo central de la estafa, de unificar todas las causas en un sólo proceso está dilatando la investigación, según explican fuentes próximas a la misma.
El hecho es que han pasado ya casi cuatro años desde que el 17 de febrero de 2011, la familia Ruiz Mateos declarará la situación preconcursal de diez de las compañías que integraban Nueva Rumasa (Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y Rayo Vallecano), dandon inicio a los distintos procesos tanto en los juzgados de instrucción como en la Audiencia.
El despacho de abogados Yvancos, que representa a los inversores, ha solicitado en varias ocasiones que la Audiencia unifique todos los procesos en una causa común, pero el problema es que, hasta ahora, se ha encontrado con la oposición tanto del juez como del fiscal. "Unificar todas las investigaciones una única causa" agilizaría en gran medida el proceso, dice Yvancos.
La 'Operación Abeja'
La Udef, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, inició la investigación sobre la presunta evasión y blanqueo de capitales por parte de los Ruiz-Mateos a comienzos de 2011. Era la denominada Operación Abeja. En noviembre de ese año, el juez Ruz ordenó el embargo de propiedades inmobiliarias por toda España, tanto a nombre de José María Ruiz Mateos, como al de sus hijos después de que la familia no hubiera podido afrontar el pago de la fianza de 30 millones de euros
Poco después, a principios de 2012, y tras analizar uno de los primeros informes policiales, Ruz emitió un auto en el que concluía que los Ruiz-Mateos habían estado utilizando el dinero de Nueva Rumasa para aportar capital a sus sociedades patrimoniales y mantener así su "alto nivel de vida", ordenando entonces el embargo de todo el patrimonio del clan.
El objetivo era poder para atender las deudas contraídas -el importe total supera los 1.500 millones de euros- tanto con el Estado, como con los acreedores comerciales y los inversores que adquirieron sus pagarés. Eran 220 inmuebles y fincas rústicas, varios coches de lujo y, al menos, un centenar de obras de arte. Pero los meses pasan, y, según señalan a este periódico fuentes próximas a la investigación, "los embargos siguen sin ejecutarse en la mayoría de los casos, los hermanos Ruiz-Mateos han empezado a crear una tercera Rumasa y el proceso parece definitivamente atascado". Al menos en la Audiencia, porque a nivel local si que se está dictando ya alguna sentencia.
Así, el pasado 1 de octubre, la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid dictaminó que Pablo y Alfonso Ruiz-Mateos deberán ingresar en prisión para cumplir una pena de 6 meses de cárcel, tras haber decidido que no procede concederles la suspensión de la pena privativa de libertad que solicitaron.
Ambos fueron condenados, al margen de la pena de prisión, a una multa de 700.281,75 euros como autores de un delito de defraudación contra la Hacienda Pública por el ejercicio fiscal de 1996, basándose en la declaración del impuesto de sociedades de la entidad Virnax, de la que ambos eran los únicos administradores solidarios.
Fraude fiscal
Según la sentencia, en esa declaración se ocultaron ingresos al aparentar cumplir con su obligación tributaria, lo que determinó que dejaran de ingresar en la hacienda pública 1,2 millones de euros, que es la cuota devengada y por ende defraudada. Una vez denegada la petición de los dos hermanos Ruiz-Mateos estaba previsto que en el plazo de dos a cuatro semanas ingresaran en prisión tras elegir el centro penitenciario donde quieren cumplir esta pena.
El mismo día que se hizo pública esa sentencia se inició también en Madrid otro juicio. En este caso contra Pablo, Alfonso, Zoilo, Álvaro y Javier Ruiz-Mateos, entre otros acusados, por la quiebra de Finamerco. Se les acusa de un presunto delito de insolvencia punible por el que la Fiscalía solicita seis años de prisión.
Hace ya añoy medio, el 15 de julio de 2013, un juzgado de Granada condenó a 2,9 años de prisión a Álvaro y Javier Ruiz-Mateos por un delito contra la Hacienda Pública (1,6 años) y otro de alzamiento de bienes (1,3 años), y a una multa de 1,8 millones de euros por el impago del IVA en la venta de un hotel, cuyo importe se desvió a una cuenta suiza. Los Ruiz-Mateos recurrieron sin embargo esa sentencia, que todavía no es firme.
Con el juzgado de instrucción número 5 prácticamente colapsado, teniendo en cuenta que Ruz está investigando también, además de Gürtel, los denominados papeles de Bárcenas, a Jordi Pujol Ferrusola, las irregularidades en Pescanova o el posible desvío de dinero en SGAE durante la etapa de Teddy Bautista como presidente, entre otros temas, el riesgo está en que los Ruiz-Mateos puedan haberse llevado ya todo el dinero fuera.
Yvancos, que fue su abogado durante más de 30 años, ha declarado en varias ocasiones que llegaron a tener entre 600 y 900 millones de euros en Suiza. José María Ruiz-Mateos es, de hecho, el titular de seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), la misma entidad en la que acumuló una gran parte de su patrimonio el extesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, con el que compartía incluso agente bancaria, Agathe Stimoli, según confirmó el pasado mes de junio el fiscal de Ginebra, Jean Bernard Schmid.
El Fiscal pide carcel para 5 hijos
