
Un grupo de algo más de 200 preferentistas personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional tiene previsto pedir en los próximos días la comparecencia de Deloitte, el antiguo auditor de Bankia y Caja Madrid, en el caso de las tarjetas opacas. Este grupo, representado por el bufete Yvancos Abogados, está ultimando el escrito que llevarán ante el juez Fernando Andreu con el objetivo de que la firma de auditoría explique si conocía la existencia de las visas 'black'.
La decisión se ha tomado después de que el pasado jueves los tres imputados en la pieza separada abierta por el magistrado para investigar el caso -Miguel Blesa, Rodrigo Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj- señalaran que las tarjetas suponían una forma más de retribución que el auditor tenía que conocer.
Es más, apuntaron incluso que el la firma presidida en España por Fernando Ruiz tenía incluso acceso a la cuenta de quebrantos, a la que se cargaban los gastos. "Es posible que engañaran a Deloitte y se lo ocultaran, teniendo en cuenta que son cantidades pequeñas dentro del balance -la cúpula de Bankia y Caja Madrid se gastó en una década 15,5 millones de euros con las tarjetas opacas-, pero, aún así, puesto que los imputados dicen que debía de conocerlo, queremos que lo aclaren", explica Joaquín Yvancos, el letrado que defiende a estos preferentistas en la Audiencia.
Las tarjetas de crédito opacas eran gestionadas por la Dirección general financiera y de riesgos, al margen de la unidad competente a tal efecto -Recursos Humanos- que sí que supervisaba el resto de tarjetas corporativas.
No advirtió el entramado
El caso es que, lo supiera o no, Deloitte no advirtió en más de una década del entramado existente primero en Caja Madrid y luego en Bankia por el que 86 miembros de la cúpula directiva retiraban grandes sumas de efectivo con su tarjeta y pagaban con ella todo tipo de gastos personales, incluyendo viajes de vacaciones, safaris, compras en El Corte Inglés o en Mercadona, comidas en restaurantes de lujo o estancias en balnearios.
Por su parte, la firma de servicios profesionales mantiene su posición y defiende que "es prácticamente imposible detectar un gasto tan insignificante cada año en una empresa con unos costes de personal tan elevados". Además, sostiene que, según lo publicado, estas partidas aparecían contabilizadas como errores informáticos.