La turronera alicantina Almendra y Miel, propietaria de las marcas El Lobo y Turrones 1880, ha ofrecido su total disposición a colaborar con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al tiempo que ha asegurado que siempre ha cumplido con la legalidad y desarrollado una estrategia comercial independiente.
La compañía ha afirmado que ya ha recibido la notificación de la CNMC sobre el inicio de la investigación que llevará a cabo dentro del sector turronero sobre posibles prácticas anticompetitivas.
"1880 y El Lobo son marcas con un posicionamiento claramente diferenciado", ha subrayado la firma, que ha explicado además que 1880 presentará este año varias innovaciones que serán comunicadas a nivel nacional en la campaña de televisión y en el reciente portal digital corporativo del grupo, mientras que El Lobo ofrecerá una nueva línea de pralinés.
"En definitiva, la estrategia de Almendra y Miel siempre ha sido una férrea apuesta por la calidad tanto de los productos de alta gama como de los productos medios a través de una excelente relación calidad/precio acompañada de presentaciones atractivas y novedosas", ha resaltado.
Expediente sancionador a seis turroneras
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a seis empresas turroneras por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios, de forma directa o indirecta, o de otras condiciones comerciales y de servicio.
La CNMC cree que estas empresas podrían haber incurrido en el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español.
Tras iniciar una información reservada el pasado noviembre, la CNMC ha observado indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que ha incoado expediente sancionador contra las empresas Delaviuda Alimentación, Almendra y Miel, Sanchís Mira, Turrones Picó, Enrique Garrigós Monerris, y Turrones José Garrigos.
"Esta conducta se considera una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10 % del volumen de negocio total de las entidades infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa", ha precisado la CNMC.
Se inicia a partir de ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, "sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación", concluye la nota.
Expediente sancionador al sector del turrón
