Los consumidores pagarán también los despidos que tenga que afrontar la planta. Enagás realizará una auditoría del almacenamiento.
ACS y Escal recibirán finalmente por el Castor un total de 1.460 millones de euros. Ambas compañías, promotoras de esta polémica instalación, han cobrado ya 110 millones de euros por la gestión de la planta, a los que se añadirán los 1.350,72 millones que les entregará en un plazo de 35 días Enagás Transporte para evitar la quiebra de los bonos emitidos por sus promotores.
Según figura en el real decreto ley, aprobado este pasado viernes y publicado el sábado en el BOE, se fija un tipo de interés anual del 4,26 por ciento para estos derechos de cobro que la compañía presidida por Antonio Llardén cederá automáticamente a Santander, La Caixa y Bankia, que han sido los ganadores de la subasta realizada entre el Tesoro, tal y como adelantó elEconomista.
Esta operación, por lo tanto, no tendrá ningún impacto en las cuentas de Enagás ya que es el sistema gasista, es decir, todos los consumidores los que harán frente al pago. Para una mayor seguridad, además, el Gobierno ha dado una prioridad de cobro a Enagás por este motivo, de modo que el actual déficit existente en el sector, que alcanza ya los 522 millones, ( un 48 por ciento más que la liquidación anterior) según los últimos datos de la CNMC, no afectarán a esta partida.
Informe técnico
Enagás ha recibido también el encargo de realizar un informe técnico sobre la situación de la instalación antes de la hibernación de la planta. Con estos informes, el Gobierno mantiene la puerta abierta a reclamar la existencia de un dolo o negligencia a los promotores e incluso una valoración del futuro de esta planta, aunque todo apunta a un rápido desmantelamiento a partir del año próximo cuando se reciban los informes encargados al MIT y a la Universidad de Stanford.
El gestor técnico del sistema gasista tendrá que presentar al Ministerio de Industria antes del próximo 1 de diciembre un informe en el que evalúe las necesidades para que la planta pase a un estado de hibernación en condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente. Sobre este primer informe, el Gobierno fijará la retribución que deba percibir Enagás por estos servicios y que puede rondar los 30 millones de euros.
Los promotores del Castor, no obstante, tendrán un plazo de diez días para informar al Gobierno de los costes en los que piensan incurrir en los próximos dos meses, mientras se lleva a cabo el traspaso de la instalación. Este extremo supone en la práctica que previsiblemente también serán todos los consumidores de gas los que tengan que hacer frente al pago de los despidos necesarios de operarios contratados por Escal para la gestión de esta planta. La planta contaba con cerca de 200 trabajadores que ha mantenido durante el último año pese a ala decisión de parada adoptada por el Gobierno tras los más de 500 terremotos que provocó la planta.
El Gobierno rescata Castor
