"El verdadero problema con Muface vendrá cuando una de las dos grandes, Adeslas o Asisa, decidan un año salir de este convenio". Esta frase es cada vez más repetida estos días entre el sector sanitario. El convenio para ofrecer un seguro de salud a los funcionarios del Estado vuelve a estar de actualidad, porque desde el pasado ejercicio el contrato con las aseguradoras se renueva cada año, con las tensiones que eso genera.
De una parte, la Dirección General de Muface, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y por otra las aseguradoras sanitarias que todavía continúan prestando este servicio, actualmente Adeslas, Asisa y DKV Seguros. En medio, los funcionarios del Estado (Muface), pero también los miembros del Ejército (Isfas) y de la Judicatura (Mugeju), cuya representación la ejercen a través del sindicato mayoritario de funcionarios, CSI-F. A todos les interesa llegar a un acuerdo para mantener el modelo.
Llama la atención que este sistema de colaboración entre la Administración y la sanidad privada sea tan bien acogida por funcionarios y sindicatos, cuyos representantes se muestran habitualmente en contra de cualquier participación de las empresas médicas en el sistema sanitario público. Sin embargo, más de 8 de cada 10 miembros de este colectivo elige cada año renunciar al sistema público de salud y ser atendido por los servicios sanitarios privados que las compañías aseguradoras ponen a su alcance. Y eso, aún a coste de retraerles una pequeña cantidad en sus nóminas, cuando el otro sistema lo tendrían gratis.
¿Cuál es entonces el problema con Muface? Pues que el Ministerio del que sale directamente la partida para pagar este convenio, Hacienda, no es el mismo que el que recoge los frutos por el mismo, Sanidad y, sobre todo, las Comunidades Autónomas, que ven cómo de un plumazo se ahorran tener que dedicar recursos sanitarios -la partida más gravosa en sus presupuestos- para algo más de 2 millones de ciudadanos. Sin embargo, a Hacienda le cuesta cada año unos 1.500 millones de euros. Pero las cuentas sobre el ahorro parecen claras. Un ciudadano medio tiene un gasto sanitario medio para el Estado de unos 1.200 euros al año. La prima de Muface para el mismo gasto es de 700 euros. "Además, si desaparece el modelo Muface y esos 2 millones de españoles dejaran de ir a la sanidad privada y pasaran a las listas de espera de la sanidad pública, el sistema sanitario se colapsaría en ese mismo momento", aseguran desde el propio Ministerio de Sanidad, uno de los más interesados en mantener este convenio.
Desencuentro
El mayor desencuentro entre la Administración y las compañías se produjo hace un año. Entonces, la mutualidad del Estado, que depende de la Secretaría General de Administraciones Públicas, tomó la decisión de congelar la prima que paga a las aseguradoras por la cobertura de cada funcionario.
Las compañías daban por seguro una ligera subida del 1,5 por ciento de esta cantidad para el contrato del año 2014. Una cantidad que las firmas aseguradoras veían como indispensable para poder seguir prestando el servicio. Y, sobre todo, porque esta subida fue acordada en el anterior convenio.
Para este año, todo apunta a que la prima seguirá congelada, aunque fuentes de Hacienda aseguran que aún es pronto para hacer esta conjetura. Desde el departamento de Cristóbal Montoro se asegura que su apuesta por este modelo sigue siendo firme. Para ello, sostienen que la cantidad dedicada a la prestación sanitaria, la que llega a las compañías aseguradoras, ha crecido ininterrumpidamente todos los años. "En 2009 se dedicaba a esta partida 956 millones y en 2014 la cantidad ha sido de 1.006 millones, también superior a los 1.001 millones de 2013", indican fuentes del Ministerio de Hacienda.
Peligra el seguro de salud de funcionarios
