El Gobierno sigue avanzando con el rescate del almacén de gas Castor para tenerlo listo a corto plazo. El Ministerio de Industria no quiere dejar flecos abiertos, ni rendijas jurídicas que puedan permitir a los promotores de esta polémica instalación, ACS y Escal, eludir su responsabilidad si, finalmente, se demuestra que hubo dolo o negligencia en la construcción.
Por este motivo, Industria incluirá todas las garantías posibles en la resolución que está elaborando para poder recuperar los 1.400 millones que se van a pagar durante los próximos treinta años si se demuestra la existencia de dicho "dolo o negligencia" en la construcción de esta infraestructura gasista.
La Abogacía del Estado no está dispuesta, al igual que el sector, a dar por perdido el dinero que tendrán que afrontar en pagos, conscientes como son de que los promotores vendieron al Gobierno que esa infraestructura iba a tener un coste cercano a los 600 millones y, por lo tanto, era más barato que instalar tanques en las plantas de regasificación.
Finalmente, la construcción se ha valorado en más de 1.400 millones y los propios promotores han presentado una auditoría de DNV confirmando este coste y una resolución firmada por el ministro Miguel Sebastián apenas unos días antes de abandonar el cargo reconociendo una inversión de más de 1.200 millones.
Todos estos extremos generan en el sector un mar de dudas. ¿Si las instalaciones de este tipo costaban 1.400 millones, por qué se dijo al Gobierno que valía 600 millones? ¿Por qué no lo comprobó el por entonces responsable, el secretario general de Energía, Ignasi Nieto?
Investigación penal
La situación de los promotores de Castor es cada día más delicada. La Junta de Fiscales de Castellón tendrá que decidir a finales de este mes si envía ante el juez a los promotores por un presunto delito ambiental en la construcción del mismo.
En caso afirmativo, los responsables de ACS y Escal podrían enfrentarse a una penas de entre dos y cinco años de cárcel por los seísmos registrados en la provincia.
El Ministerio de Industria tiene además un as en la manga, ya que tiene los informes de la extinta Comisión Nacional de Energía que llegaron en su momento a observar la existencia de contratos a dedo en la construcción de la infraestructura.
El organismo regulador, que estaba encargado de vigilar los costes de la misma, apenas realizó en su momento una contabilidad analítica que consistía en tomar nota de los gastos pero no valoraba si eran adecuados o no, indicaron fuentes del sector.
Con la información recabada entonces, más la existencia de los informes técnicos solicitados sobre la infraestructura, el Gobierno tendrá que decidir si lleva finalmente a los tribunales a los promotores de la instalación. Por el momento, el pleno de la Diputación de Castellón ya ha instado al Gobierno oficialmente a hacerlo.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, llegó a afirmar públicamente que no se indemnizaría a los promotores si se demostraba la existencia de dicho "dolo o negligencia", tal y como exigía el Tribunal Supremo.
Su departamento además ha solicitado informes al Massachussets Institute of Technology (MIT) y a la Universidad de Stanford para que estudien los motivos de los más de 500 terremotos registrados el año anterior.
En fuentes del sector se considera que la velocidad de llenado que utilizaron los promotores no fue la adecuada y pudo causar dichos movimientos sísmicos o la rotura de una pequeña falla, tal y como se ha indicado, un extremo que podría además incluirse como uno de los motivos de negligencia de sus promotores en una próxima demanda.
Sube el gas
El sector además sigue atentamente el proceso de colocación de los 1.400 millones en el que se prevé que participen varios bancos nacionales como Santander y La Caixa, así como algunos internacionales.
Según las cuentas que realizan los analistas de JBCM, si finalmente los derechos de cobro por el Castor se colocan al 4 por ciento (aunque todo apunta a que estará notablemente por encima) los consumidores tendrán que hacer frente a un pago anual de cerca de 126 millones al año, lo que supone un incremento de cerca del 3,6 por ciento para los costes regulados del sector, que rondan los 3.500 millones de euros.
La banca pide intereses del 4% para Castor
