España ha ganado un pulso que lleva echando a Bruselas durante el último lustro. Según dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que ayer se hicieron públicas, no tendrá que devolver más de 34 millones de euros (31,3 millones y 2,7 millones, respectivamente) por "irregularidades en la aplicación de la normativa sobre contratos públicos" en nueve proyectos del AVE entre Madrid y Barcelona.
El 13 de septiembre de 2010 y el 18 de febrero de 2011, la Comisión Europea adoptó dos decisiones similares en las que reducía las ayudas del Fondo de Cohesión europeo al AVE en cuatro y cinco proyectos, respectivamente.
La reacción del Gobierno español fue la de interponer dos recursos solicitando la anulación de la Comisión. Pero su argumentación no se basaba en la inexistencia de las irregularidades a la hora de aplicar la normativa sobre contratos públicos, sino en varios defectos de forma, entre los que se encontraba el "incumplimiento del plazo establecido".
El recurso de España fue primero al Tribunal General, sin éxito, y posteriormente lo intentó en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que ha sido el que finalmente ha anulado la devolución del dinero en estos nueve proyectos de la alta velocidad ferroviaria entre las dos ciudades más grandes del país.
Obras con irregularidades
No es la primera vez que las obras del AVE Madrid-Barcelona están rodeadas de polémica por irregularidades. Como públicó elEconomista a comienzos del pasado mes de mayo, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Corsán, empresa del grupo Isolux, del cobro de un "sobreprecio ilícito" de seis millones de euros en un tramo de esta ruta entre La Sagrera, en Barcelona, y el Nudo de la Trinidad. En esta investigación, Anticorrupción asegura que la constructora "habría alterado repetidamente las mediciones técnicas de los trabajos realizados en la obra, falseado las ulteriores certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflado sus ardides en la certificación final, moviendo cifras entre las diferentes partidas, a fin de dar justificación aparente a mayores trabajos de los realmente efectuados".
Los propios actuales responsables del Ministerio de Fomento han acusado al Gobierno de Zapatero de que desde 2008 hasta 2011 las obras públicas (en su mayoría, las del AVE) tuvieron unos sobrecostes de 4.776 millones de euros por modificaciones y obras complementarias que no estaban incluidas en el presupuesto inicial de los proyectos. Según la Inspección General del Ministerio, en el periodo de la legislatura actual se ha reducido al mínimo.
Fondos de Cohesión
En el caso de los nueve proyectos en los que Bruselas pedía la devolución de los Fondos de Cohesión por defectos de forma a España, se registraron en el periodo comprendido entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004. La mayoría de estos proyectos coinciden con la segunda legislatura del Gobierno de José María Aznar, aunque alguna de ellas es de diciembre de 2004, periodo en el que ya estaba al frente del Ejecutivo Zapatero.
Los usuarios de AVE crecen un 7'5%