La industria tabacalera está bajo sospecha. Después de recibir un informe en el que la Olaf, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, certifica que hay indicios más que suficientes de contrabando de tabaco desde Gibraltar e incluso blanqueo de capitales, la Fiscalía General del Estado ha solicitado ya al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que abra diligencias para esclarecer, entre otras cosas, si hay compañías implicadas en el fraude.
La razón está, más allá del informe de la Olaf, en que la Agencia Tributaria lleva ya meses investigando a la industria y el Gobierno tiene sospechas cada vez más fundadas de que hay compañías que están vendiendo a Gibraltar muchas más cajetillas de las que realmente se consumen en el Peñón con el objetivo de que esos cigarrillos entren luego en el mercado español de forma ilícita, sin pagar impuestos y a un precio por lo tanto mucho más bajo.
Hacienda está poniendo el foco, sobre todo, en los fabricantes de las denominadas licit whites, enseñas que se fabrican o importan de forma completamente legal pero que están destinadas después al tráfico ilícito.
Crecimiento de las ilícitas
Tras haber crecido un 34% tan sólo en el último año y con más de 50 marcas en el mercado, las illicit whites suponen en la actualidad más de la mitad del tráfico ilegal, mientras que el 45,7% restante corresponde al tabaco de contrabando de las grandes marcas y a producto falsificado.
Las sospechas se centran, fundamentalmente, en firmas como H. Van Landebyck, una empresa de Luxemburgo que fabrica enseñas como Elyxir, Austin o Ducal; la griega Karelia Tobacco, dueña de American Legend y la chipriota Explosal Ltd, propietaria de Raquel, entre otras, que podrían ser sancionadas y a las que incluso se les podría prohibir la venta en España.
Las cuatro grandes empresas tabaqueras -Philip Morris, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International (JTI) y British American Tobacco (BAT)-, que han firmado un acuerdo con la Olaf por el que se comprometen a luchar contra el contrabando, encargan un informe bianual a la consultora Ipsos para evaluar de forma periódica a cuánto asciende el tráfico ilegal. El estudio se hace con cajetillas recogidas del suelo, separando aquellas que tienen el precinto fiscal español de aquellas que no lo llevan incorporado. El estudio, que engloba así tanto el tabaco de contrabando como aquel que integran las cajetillas introducidas de forma legal pero compradas en otros países, eleva el porcentaje de los tres grandes fabricantes de illicit whites hasta el 36,1% de cuota. El dato es muy relevante porque su participación en el mercado legal es ínfima.
En el estudio de Ipsos figura también Philip Morris, la dueña de Marlboro y Chesterfield, con una participación del 26,1% y JTI, la dueña de Winston y Camel, con otro 22,4% entre las cajetillas sin precinto- pero en este caso la situación es distinta. Hay que tener en cuenta que esas participaciones son parecidas a las que tienen en el mercado legal y que son por lo tanto las que más compran los turistas. Eso al margen de que Philip Morris tiene una participación muy elevada en Andalucía con Chesterfield, lo que provoca que haya más demanda de los visitantes a Gibraltar, y JTI con Winston en Cataluña, lo que facilita del mismo modo las compras en Andorra.
La principal puerta de entrada está, sin embargo, en el Peñón. De hecho, según los datos que maneja Hacienda, el Campo de Gibraltar concentró en 2013 cerca del 60% de las diligencias de aprehensión por infracción administrativa de contrabando de tabaco de toda España.
Crece la entrada de tabaco
La Administración Tributaria ha advertido además que desde 2006 viene observando un "importante incremento" de la entrada de tabaco en Gibraltar a través de la Aduana de La Línea de la Concepción. Así, si en 2009 el número de cajetillas exportadas por esta aduana fue de 61,9 millones, en los tres últimos años se han superado ampliamente los 110 millones de cajetillas, una "cantidad que no puede ser consumida por los aproximadamente 29.000 habitantes" residentes en el Peñón, apuntan desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro.
Estos datos son los que provocaron que el Gobierno español solicitara la intervención de la Olaf, que da ahora la razón al Gobierno y le insta así a abrir una investigación. "Hay motivos para creer que (en Gibraltar) se han cometido delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales que afectan a los intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea", señala la carta que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha remitido.
El Gobierno español fue ayer un poco más allá y a través de un comunicado de Hacienda acusó al Ejecutivo de Gibraltar de amparar a bandas criminales. "Este contrabando resulta plenamente controlado por organizaciones criminales que obtienen una importante financiación y que quedan amparados por la inacción del Gobierno gibraltareño que conoce y permite la existencia de significativos volúmenes de importación de tabaco en una colonia de apenas 29.000 habitantes sin que se adopten medidas significativas para su control", aseguró el ministerio.
El contrabando de tabaco provocó el año pasado un fraude en las arcas del Estado de 718 millones de euros. La preocupación en Bruselas a este respecto es absoluta, entre otras cosas porque en el conjunto de la Unión Europea el fraude por el tráfico ilícito de cigarrillos se eleva a 10.000 millones de euros.
Gibraltar limitará la importación de tabaco
