Lisboa ensaya con el rescate del Banco Espírito Santo (BES) la fórmula escrita por Europa para evitar al contribuyente costear los errores de gestión de los banqueros. Por vez primera un país recurre al mecanismo creado ad hoc para futuros salvamentos, cuyo presupuesto lo aporta de forma íntegra la banca y no el Erario, eso sí, después de hacer cargar parte del reflotamiento a sus accionistas y tenedores de bonos junior, cuya inversión en títulos del BES queda reducida a la nada.
El Gobierno de Pedro Passos Coelho y el Banco de Portugal maximizan con el BES las posibilidades abiertas por Bruselas para salvar bancos. Primero guardan los activos sanos de la entidad en un banco puente y desgajan, para liquidar de forma rápida, aquellos otros tóxicos en un 'banco malo' (la filial de Angola y la exposición con el Grupo Espírito Santo).
La parte sana y atractiva pasa al Novo Banco -negocio, clientes, red...-, que recibe 4.900 millones en capital y seguirá operando con normalidad, hasta su venta posterior para recuperar el máximo del dinero aportado.
Nacionalización 'distinta'
Hasta aquí, el procedimiento podría parecerse al de cualquier rescate, incluidos los realizados en España, donde los accionistas y tenedores de deuda híbrida también soportaron gran parte de los platos rotos. Pero el plan de Lisboa es diferente. No es una nacionalización al uso, sino un rescate financiado por el Estado.
El dinero lo pone el denominado Fondo de Resolución, creado por los bancos y nutrido con sus aportaciones, aunque su comisión directiva la integran miembros del Banco de Portugal y Hacienda. Equivaldría al FROB español, con la diferencia de que el nuestro fue montado con recursos de la banca, pero se ha nutrido posteriormente de fondos públicos, de los que 39.000 millones de euros se pidieron a Europa.
El siguiente paso en España y el resto de países es crear un vehículo al estilo luso, cuya puesta en marcha será rápida porque ya se encuentra en discusión, a falta de montarse.
Como el vehículo luso fue constituido en 2012, su dotación era insuficiente para sofocar el incendio del BES. De los 4.900 millones inyectados en la entidad para restaurar su menguada solvencia, 500 millones los ponen los bancos: 367 millones estaban en la caja del fondo y aportarán 133 millones de derrama adicional (va a cargo de entidades como Caixa Geral, BCP, BPI, Santander Totta, Montepío, etc). Los 4.400 millones restantes se los deja el Gobierno echando mano de parte del dinero prestado por la troika para apuntalar entidades, y sin utilizar. Pero es un crédito, la banca tendrá que devolverlo al Erario y pagar por él unos intereses.
Al no ser una nacionalización tradicional uso, la solución tiene la virtud de ahorrar al ciudadano los gravosos costes de un rescate: no aumenta la deuda pública, el país se libra de nuevos planes de austeridad y, sobre todo, el impacto en déficit es nulo, evitando contaminar la prima de riesgo. Los contribuyentes se ahorran por vez primera ser los paganos de los errores de gestión.
Al 'banco malo' van, entre los activos dañados a liquidar, la deuda subordinada y la participación accionarial (Grupo Espírito Santo tiene un 20,1% del BES, Crédit Agricole el 15%, Portugal Telecom un 2% y Bradesco el 3%), que responderán por las pérdidas viendo como su patrimonio se va a cero y con el único derecho de recurrir la resolución en los tribunales.
Nada que ver con lo visto en casi todos los países hasta el momento, incluido España. Nuestra factura pública irrecuperable excederá de largo los 30.000 millones, siendo optimista con la capacidad para recuperar un importe similar cuando se desinvierta en Bankia y BMN. En el rescate de cajas se ha inyectado más de 60.000 millones de ayudas.
Portugal sale al rescate del BES
