Iberpotash, la filial española de la multinacional israelí ICL, ha decidido dar marcha atrás a la inversión de 270 millones de euros anunciada para las minas que posee en Súria (Barcelona).
El presidente de ICL Iberia y consejero delegado de Iberpotash, José Antonio Martínez Álamo, anunció ayer que su compañía ha congelado por el momento la segunda parte del Plan Phoenix hasta "valorar" la última sentencia en su contra del Tribunal Supremo.
Según Martínez Álamo, la falta de seguridad jurídica "es lo peor que le puede pasar a un país" y censuró la "inseguridad jurídica" que existe en Cataluña para las inversiones de la empresa minera que dirige. En esas condiciones, las inversiones "no se pueden mantener", sentenció en un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio de Barcelona.
Una última sentencia del Supremo obliga a Iberpotash a presentar un plan de restauración para el espacio que ocupa la montaña de sal del Cogulló, en Sallent (Barcelona). Esta montaña artificial se ha creado con el residuo de sal que genera la explotación de potasa y que, debido a sus enormes proporciones, está contaminando el agua de la cuenca del río Llobregat.
Desestimado el recurso de la compañía
Martínez Álamo se quejó ayer de que Iberpotash ha cumplido con todos los requisitos exigidos por las administraciones y que "unos jueces modifiquen lo que era legal" y creen unas "nuevas reglas del juego". La Generalitat impuso en 2008 una primera fianza a Iberpotash para la restauración de la montaña de sal del Cogulló por un importe de 585.153 euros, pero recientemente, después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) , la administración catalana elevó la fianza a 6,9 millones. "Esto es grave ya que cumplimos las sentencias, pero este tipo de comportamientos en nuestro país no son buenos ni para nosotros ni para nadie que quiera hacer proyectos de este tipo", apuntó.
El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso presentado por Iberpotash contra una sentencia previa del TJSC y obliga a la compañía minera a presentar un plan de restauración para el espacio que ahora ocupa la montaña de sal del Cogulló.
La sentencia desestima los argumentos de Iberpotash y da la razón a Sebastià Estradé, un vecino de Sallent que en mayo del año pasado anunció una denuncia contra España ante la Comisión Europea por la "inactividad" de la Generalitat frente a los "incumplimientos medioambientales" de Iberpotash en la actividad de extracción de potasa.
Martínez Álamo cree que tras esa denuncia está la competencia industrial de Ibepotash.
Iberpotash invertirá 180 millones en Súria
