Bruselas, 25 ago (EFECOM).- La Comisión Europea cree que la mayoría de condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la fusión de E.ON y Endesa violan la legislación comunitaria y advierte de que, si confirma su ilegalidad, el Gobierno español tendrá que retirarlas.
Según las conclusiones preliminares de Bruselas, que ya han sido notificadas a las autoridades españolas, las exigencias de la CNE para autorizar la fusión no respetan las reglas europeas sobre libre movimiento de capitales y libertad de establecimiento.
La Comisión Europea cree que los requisitos fijados por el regulador español no se justifican por la seguridad pública y no son necesarios ni proporcionados para la protección de esa seguridad pública.
El Gobierno español tiene hasta el próximo 4 de septiembre para responder a Bruselas.
Tras recibir la notificación de Bruselas, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que la autorización condicionada de la CNE a la opa de E.ON "se ajusta a la legalidad comunitaria" y aseguró que el Gobierno seguirá defendiendo esa posición ante Bruselas "porque creemos que tenemos razón".
Fernández de la Vega subrayó que las conclusiones del Ejecutivo de la UE son provisionales e indicó que Madrid y Bruselas han iniciado un diálogo sobre la cuestión.
Una vez recibidos los comentarios del Gobierno español, la conclusión final sobre la legalidad de las condiciones se tomará, probablemente, en algunas semanas, dijo el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd.
La Comisión no precisó cuáles de las diecinueve medidas solicitadas por la CNE vulneran la normativa, pues "no quiere acusar en detalle" al Gobierno español y prefiere esperar a conocer sus explicaciones.
Si las conclusiones preliminares se confirman y la Comisión solicita la retirada de las condiciones ilegales, esta decisión sería vinculante para las autoridades españolas.
El Gobierno podría, no obstante, recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero tendría que acatar la decisión de la Comisión hasta que hubiera sentencia, precisó el portavoz comunitario.
En caso de no aceptar el dictamen de Bruselas, España se enfrentaría a un procedimiento de infracción y a la consecuente denuncia ante la Corte europea.
Además, la decisión de Bruselas de considerar ilegales las condiciones de la CNE a la opa de E.ON podría ser invocada por terceros -como la eléctrica alemana- para reclamar ante los tribunales españoles por las pérdidas ocasionadas por dichas medidas.
Todd incidió en que en un caso como éste en el que hay varias ofertas competidoras -Gas Natural y E.ON-, la Comisión debe actuar con rapidez para evitar que la situación vaya cambiando y surjan verdaderos problemas.
Por eso, explicó, el Ejecutivo de la UE informó a principios de mes al Gobierno español de la posibilidad de paralizar cautelarmente las medidas impuestas por la CNE a la opa de E.ON, una decisión que todavía puede adoptar para garantizar el respeto a la libre competencia.
La Comisión guarda "ese as en la manga", señaló Todd, para el caso de que sea necesario.
El Ejecutivo de la UE reiteró hoy que tiene la competencia exclusiva en las concentraciones de dimensión comunitaria, sobre las que los Estados miembros no pueden aplicar su legislación nacional.
Tampoco pueden adoptar medidas para prohibirlas o perjudicarlas, excepto si esas medidas protegen intereses distintos a la competencia y son necesarias y proporcionadas, además de compatibles con la normativa europea.
La seguridad pública, la pluralidad de los medios y las reglas prudenciales son los únicos intereses considerados legítimos por Bruselas e incluso en esos casos las medidas deben ser proporcionadas y compatibles con las leyes europeas.
La Comisión Europea dio el pasado 25 de abril su visto bueno a la propuesta de compra de la alemana E.ON sobre Endesa, al considerar que no afectaría negativamente a la competencia en el Espacio Económico Europeo.
El 27 de julio, en aplicación de una nueva normativa aprobada tras anunciarse la opa de E.ON -que se sumó a otra en marcha, de Gas Natural-, la CNE también autorizó la operación, pero la condicionó al cumplimiento de diecinueve requisitos.
Entre otras cosas, la CNE obliga a E.ON a enajenar 7.390 megavatios (MW) de Endesa, un tercio de su potencia instalada en España, además de la venta de las centrales térmicas de la eléctrica que utilizan carbón nacional (Compostilla, Andorra y Anllares), los activos que tiene en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y la central nuclear de Ascó I.
Asimismo, tendrá que ceder la gestión del resto de las nucleares participadas por Endesa: Santa María de Garoña, Almaraz I y II, Ascó II, Vandellós II y Trillo. EFECOM
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