MADRID (Reuters) - A la espera de que el Gobierno español lance la reforma del sistema tributario, el Banco de España se sumó el viernes a las peticiones para que la nueva estructura fiscal grave más el consumo y menos el trabajo con el fin de atajar el problema del paro en el país.
"Sería deseable que la reforma (...) subsane los problemas que aquejan a la tributación en España: capacidad recaudatoria reducida y sesgo hacia la imposición directa y las cotizaciones sociales, en tanto que resulta más perjudicial para la competitividad y el empleo", dijo el gobernador de la institución, Luis María Linde, en la introducción del informe anual del banco.
Aunque el Gobierno ha manifestado que no seguirá las directrices del comité de expertos, el informe que han elaborado propone como medidas estrella una rebaja del IRPF, de las cotizaciones sociales y del impuesto de Sociedades combinada con una subida del IVA reducido de algunos artículos.
Al igual que la Comisión Europea, que también recomienda ampliar las bases imponibles del IVA, el Banco de España destaca las numerosas exenciones que lastran los ingresos de las arcas públicas y dificultan el reequilibrio presupuestario.
"Entre los aspectos que se deberían revisar, cabe destacar, en primer lugar, la existencia de tipos legales de las principales figuras tributarias de nivel similar o superior a la media de otros países europeos pero con menor capacidad recaudatoria, lo que cabe atribuir a la amplia batería de beneficios fiscales existente y probablemente a la alta evasión fiscal", dijo en el informe.
Tras seis años de intensa crisis con un grave deterioro de las cuentas públicas, la economía española ha comenzado a atisbar la recuperación, aunque todavía afronta numerosos desafíos, según Linde.
"La tarea no está culminada y los retos pendientes son todavía importantes", dijo el gobernador, que señala el elevado endeudamiento público y privado, y la "inaceptable" tasa de paro, en torno al 26 por ciento.
Para paliar esta situación, el banco recomienda al Gobierno "celeridad y ambición" en el impulso reformista y "rediseñar en profundidad el conjunto de las políticas activas de empleo" para bajar el paro a niveles similares a los del entorno europeo.
"El nivel de desempleo y el endeudamiento de los sectores residentes son de gran magnitud y su absorción requerirá un período de tiempo considerable", dijo.
De hecho, en el informe la institución advierte sobre el peligro de que la crisis haya provocado un alza en el paro estructural de la economía española, que ya antes de 2008 se situaba por encima de la media europea.
"No es descartable que se haya producido en paralelo un incremento del componente estructural del desempleo, que podría dificultar la reducción del paro en el futuro próximo", dijo el Banco de España.
Antes del estallido de la crisis, España alcanzó su mejor registro de paro con una tasa en el entorno del 8 por ciento.
Otro de los factores desestabilizadores que observa el banco es el elevado ratio de la deuda pública frente al PIB (en el 96,8 por ciento al cierre del primer trimestre).
"De acuerdo con la última actualización del Programa de Estabilidad, situar la ratio de deuda pública-PIB por debajo del 100 por ciento en el horizonte de 2017, requeriría una reducción acumulada del déficit primario de 6,4 puntos porcentuales de PIB", señaló.
ESTADO DEBE COMPLETAR VENTA DE ENTIDADES PARTICIPADAS
Entre las tareas pendientes del sector financiero español, el informe anual del banco emisor identificó como prioridad continuar con las privatizaciones de Bankia y de Catalunya Banc tras el proceso de salida del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos del capital de las bancos de Banco Valencia, Banco Gallego y NCG.
"La venta de las participaciones que todavía continúan en manos públicas es, en todo caso, uno de los retos a los que habrá de hacerse frente en este ámbito", indicó.
Además, el Banco de España señaló que en el actual contexto de debilidad económica las entidades se enfrentarán a la "necesidad de ganar eficiencia y competitividad y tendrán que seguir reforzando su capital en respuesta a las mayores exigencias de reguladores e inversores", tras identificar que el débil crecimiento había hecho mella en la rentabilidad de la banca.
Respecto a la nueva normativa sobre refinanciaciones y reestructuraciones, el banco emisor dijo que en la medida en que los acuerdos alcanzados respondieran a un plan viable que permitiera la continuidad de las empresas, las deudas resultantes de la negociación deberían conllevar un menor riesgo de impago.
"Esto reduciría la necesidad de provisionarlas, elevando así la capacidad de las entidades para satisfacer nuevas demandas solventes de crédito", señaló en su informe.
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