Austria vive un seísmo financiero por la decisión del Gobierno de aplicar una quita de unos 1.700 millones de euros de la deuda del nacionalizado banco Hypo Alpe Adria, lo que ha sido criticado por la banca y las agencias de calificación de riesgo que advierten de una pérdida de confianza sin precedentes en el país.
Ahora bien, con la unión bancaria que se debate estos meses en el seno de la Unión Europea y el acuerdo al que llegaron hace unos días los 28 estados miembro, se busca precisamente eso: que en un futuro cercano sean las entidades (propietarios y acreedores) y no los contribuyentes los que paguen la factura de futuras crisis bancarias.
El Ejecutivo austríaco aprobó este miércoles una "ley especial" para el saneamiento de la entidad rescatada y nacionalizada en 2009 por el Estado y fragmentada luego en un "banco malo".
La polémica norma contempla que el Estado retira las garantías asumidas en el pasado, haciendo que los acreedores subordinados del Hypo Alpe Bank tengan que pasar por caja. Los críticos aseguran que se trata de una medida "inédita" en Europa que viola derechos fundamentales y contractuales.
El ministro de Finanzas de Austria, el democristiano Michael Spindelegger, argumenta que el objetivo es que todos los tenedores de capital participen en el proceso de reestructuración del banco y que la carga no recaiga solo sobre el Estado.
"No queremos dejar sólo a los contribuyentes la reestructuración de toda la cuantía de los daños", explicó el ministro anoche, al asegurar que esta medida no sienta ningún precedente y que se ampara en directivas de la Unión Europea (UE).
Desde su nacionalización hace casi cinco años, el Estado ha inyectado unos 5.500 millones de euros en el Hypo Alpe Adria y los expertos estiman que al menos otros 3.000 millones de euros serán necesarios en los próximos meses y años.
Los inversores afectados por la nueva ley, entre ellos, bancos y también el Estado federado alemán de Baviera, han denunciado que la medida no es justa y causará más daños que beneficios.
Estos acreedores son propietarios de títulos de deuda subordinada aunque garantizada en su día por el Gobierno de la región austríaca de Carintia, originaria propietaria del Hypo Alpe Adria y liderada entonces por el fallecido político ultranacionalista Jörg Haider.
¿Un ataque a los derechos fundamentales?
El banco Raiffeisen, el segundo del país alpino, ha sido el primero en poner el grito en el cielo al denunciar que la planeada quita supone un "ataque fundamental a los derechos fundamentales".
Karl Sevelda, uno de los directivos del banco, aseguró hoy en declaraciones a la radio pública ORF que "el precio que los contribuyentes tendrán que pagar por esta ley será muy alto".
Raiffeisen, un grupo económico y financiero muy cercano al gobernante partido democristiano ÖVP, insta al Gobierno a retirar esta ley porque a la larga pone en peligro la confianza en el país y con ello encarecerá el endeudamiento público.
"El Gobierno debería no dejar entrar en vigor esta ley. Estoy seguro que habrá una ola de denuncias (de inversores) que tienen buenas posibilidades de ganar", advirtió el banquero.
También la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's (S&P) advirtió hoy de que la medida puede tener serias consecuencias para la confianza de los mercados financieros en Austria.
"Es una señal de que hay un apoyo menos fuerte a los bancos por parte del Gobierno austríaco", opinó Thomas Fischinger, un analista de la agencia, en declaraciones a ORF.
El experto agregó que esta ley especial es inédita en Europa, al tratarse de acreedores que tenían la garantía de un Estado federado.
Según Fischinger, "está en juego el buen nombre de Austria", uno de los países europeos que mejor parado ha salido de la reciente crisis financiera internacional.
S&P ha amenazado con bajar la nota de solvencia de siete bancos y de cuatro estados federados austríacos al entender que la ley puede limitar la previsibilidad del marco institucional del país.
El martes, en víspera de probarse la ley, la agencia colocó a las entidades en "perspectiva negativa" debido a la eliminación de garantías sobre títulos de deuda por valor de unos 890 millones.
Desde Baviera, donde el banco público Bayerische Landesbank está afectado por una quita de 900 millones, el Gobierno ha denunciado que lo que ha hecho Austria es "liberarse por ley de la deuda" y ha anunciado que estudiará todas las medidas legales contra la ley.
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