La construcción de la línea de AVE entre Madrid y Barcelona costó 1.732 millones más de lo previsto, lo que equivale a un 31,4 por ciento por encima del importe que figura en las adjudicaciones de los contratos. Es lo que señala el informe de fiscalización de las obras realizado el año pasado por el Tribunal de Cuentas y que el presidente del organismo, Ramón Álvarez de Miranda, presentó ayer ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado).
La construcción de los 621 kilómetros de línea ferroviaria que separan la capital de España de la ciudad condal fue adjudicada por 7.235 millones de euros, pero el coste final del proyecto ascendió a 8.967 millones. Según explicó Álvarez de Miranda, esto significa en la práctica que cada kilómetro de la línea salió a 14,4 millones de euros.
Los contratos de obra se adjudicaron por 5.406 millones, de euros, un 10 por ciento por debajo de lo licitado inicialmente. Sin embargo, este ahorro se convirtió finalmente en un sobreprecio del 35,5 por ciento, ya que el monto total de las obras se acabó elevando a 7.326 millones, con un retraso de media de 4,5 meses en los diferentes plazos de ejecución. Con respecto a los contratos de asistencia técnica, en el global de los años de construcción del AVE entre Madrid y Barcleona (de 1993 a 2008) se gastaron 474 millones, un 27,4 por ciento más de lo previsto.
El Tribunal critica duramente la actuación del presidente del extinto Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), organismo antecesor de Adif, por haber realizado un "uso abusivo" de la facultad que tenía de iniciar los expedientes por obras de urgencia, un procedimiento que utilizó en todos los casos, saltándose así el órgano de contratación regular, que es el consejo de administración. "Dicha urgencia alegada no se ha podido apreciar, ya que todos los contratos fueron tramitados por el procedimiento ordinario del concurso abierto, sin reducción de plazos", añade el Tribunal de Cuentas. La institución tiene abiertos actualmente cuatro expedientes por irregularidades en obras y otros cuatro por no imponer penalizaciones.
