
"Las constructoras españolas están pagando a a un plazo medio de 277 días. Son 20 días más que hace sólo un año y lo peor es que, lejos de mejorar, la situación está empeorando cada vez más". Así de contundente se muestra Luis Rodulfo, director general de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Ceop), una organización que defiende los intereses de más de una veintena de patronales, entre las que se incluyen los fabricantes de hormigón, tuberías, áridos, cemento, ladrillo, madera o yeso, entre otras muchas.
Aunque la ley establece así un plazo de 30 días para el pago a proveedores -se puede pactar hasta un máximo de 60 días si hay acuerdo entre las partes-, en el sector de la construcción se tarda en cobrar más de 9 meses, lo que pone en peligro, según denuncian los proveedores, la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas, que, sin embargo, no han presentado ni una sola denuncia al respecto en los últimos diez años.
"El problema es que nadie se atreve a denunciar por miedo a perder los contratos y aunque se establezcan sanciones por vulnerar la ley de morosidad, nadie se preocupa tampoco de vigilar si la normativa se cumple o no", insiste Rodulfo.
Intereses del 8,25%
Algo parecido estaría ocurriendo también con los intereses de demora, que, según el director general de Ceop, "prácticamente nadie paga y casi nadie reclama tampoco".
La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, dependiente del ministerio de Economía, establece dos veces al año el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante. El primer semestre de este año se ha fijado en el 8,25%. El interés más alto se alcanzó en el primer semestre de 2008 cuando los intereses de demora llegaron a 11,20%, y desde entonces no han parado de caer.
La única buena noticia para los proveedores es que la deuda pendiente, a pesar de todo, se ha reducido de forma significativa. Hace un año se elevaba a más de 45.000 millones de euros y ahora apenas llega a 25.000 millones. "Pero eso no es ni mucho menos porque estén pagando mejor, sino porque el volumen de facturación se ha reducido también de forma significativa", dice Rodulfo.
Junto a Ceop, otra de las organizaciones convertidas en azote frente a los malos pagadores es la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad, que ha ejercido en los últimos años de grupo de presión para que el Gobierno aprobase la ley de Morosidad y para que se aplique la directiva europea íntegramente, evitando de esa forma la tentación de permitir que el pacto entre las dos partes permitiera esquivar la legislación vigente.
El dinero no circula
Según aseguraba el presidente de la organización, Antoni Cañete, en una entrevista con elEconomista el mes de septiembre, el pasado ejercicio había ya empresas constructoras que estaban pagando a un plazo de hasta 300 días. "No circula el dinero y hay muy poco crédito, por lo que ponerse al día resulta más difícil. Eso hay que entenderlo. Pero también es cierto que el sector público ha inyectado 27.000 millones de euros al sistema privado y es el momento de poner orden", decía.
Entre las grandes constructoras cotizadas, FCC es el grupo que más tarde paga a sus proveedores, tal y como publicó este periódico el pasado 23 de mayo. La constructora que dirige Juan Béjar esta pagando casi la mitad de sus deudas a una media de hasta 163 días, lo que supone 103 días por encima del máximo legal establecido. Es lo que se conoce como el Plazo Medio Ponderado Excedido de Pago, el PMPE, que las compañías están obligadas a reflejar en sus cuentas anuales. El problema añadido de FCC es que ese plazo ha subido en sólo un año en 14 días.
Al cierre del último ejercicio, la compañía abonó fuera de plazo 737,8 millones de euros, el 46% respecto a los 1.610 millones que tenía que pagar en total. La situación está empeorando porque en 2012 los pagos que tuvo que afrontar en conjunto fueron aún mayores, de 1.846 millones de euros, y el porcentaje que se abonó fuera de plazo fue en cambio menor, del 39%.
Su caso no es, sin embargo, una excepción. Acciona pagó el año pasado fuera de tiempo el 27% de sus compromisos financieros con los acreedores, ACS el 21%, OHL el 20,9%, Sacyr el 7,4% y Ferrovial el 3,8%.
Entre todas ellas, sólo Sacyr pagón aún más tarde que FCC, con un plazo excedido de 125 días sobre el límite de 60 días que marca la legislación si se hace de forma pactada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que fueron únicamente 61,4 millones. ACS y Acciona fueron las que abonaron tarde un mayor importe -1.143 y 2.757 millones respectivamente-, aunque el porcentaje sobre el total fue mucho más pequeño.