Una juez federal dictaminó ayer jueves que los fabricantes de cigarrillos fueron responsables durante décadas de una conspiración para ocultar los daños que causa fumar, pero no impuso un castigo financiero a la industria como pedía el Gobierno de Estados Unidos.
La juez de distrito estadounidense Gladys Kessler dijo que las compañías habían violado la ley, pero que no podían ser obligadas a financiar una multimillonaria campaña antitabaco, como había pedido el gobierno.
"Fumar cigarrillos causa enfermedades, sufrimiento y la muerte. Pese a que internamente reconocían este hecho, los acusados públicamente han negado, distorsionado y minimizado durante décadas el peligro de fumar", dijo en su fallo de 1.653 páginas.
Kessler dijo que las compañías habían retenido investigaciones, destruido documentos y manipulado niveles de nicotina para perpetuar la adicción, pero que un dictamen previo de una corte de apelaciones le impedía castigar a las empresas con multas monetarias.
La juez ordenó a las empresas que corrijan y emitan comunicados sobre los efectos para la salud y la adicción que provoca el hábito de fumar, y les ordenó usar términos que describan a los cigarrillos de manera que demuestre una preocupación por la salud.
Los objetivos de la demanda de 1999 eran Altria Group y su unidad Philip Morris USA, Lorillard Tobacco de Loews, Carolina Group, Liggett Group de Vector Group, R.J. Reynolds Tobacco de Reynolds American y British American Tobacco, una filial de British American Tobacco Investments.
En una primera respuesta, Philip Morris USA y Altria dijeron que buscarán una revisión del fallo. Pero aún no han decidido si primero buscar esa revisión dentro del tribunal o apelar directamente a la Corte de Apelaciones del Circuito para el Distrito de Columbia.
"(...) Las partes más amplias de la decisión y la orden de hoy no están apoyadas por la ley o la evidencia presentada en el juicio, y parecen ser constitucionalmente impermisibles o infringir el solo derecho del Congreso de proveer las regulaciones de productos de tabaco", dijo William Ohlemeyer, el vicepresidente y consejero general asociado de Altria, en un comunicado.
Varias acciones de tabacaleras subieron en las operaciones posteriores al cierre del mercado, tras conocerse el fallo.
"Aunque perdieron, ganaron. Esta es una victoria para las tabacaleras", dijo Tim Ghriskey, director general de inversiones de Solaris Asset Management.
Un portavoz de Reynolds Tobacco afirmó que la compañía estaba decepcionada de que Kessler fallara a favor del Gobierno, pero "ciertamente estamos complacidos de que la corte no sancionara caras penalidades monetarias injustificadas y extraordinarias (...)".
El fallo era visto como el último gran obstáculo que Altria debía pasar antes de decidir cuándo escindirá su negocio Kraft Foods.
Durante los ocho meses del juicio que terminó en junio del 2005, el Gobierno llamó a médicos, economistas e informantes de la industria, quienes describieron una campaña de décadas de las tabacaleras para negar u ocultar los peligros de fumar.
Las tabacaleras ofrecieron el testimonio de sus propios médicos, economistas y ejecutivos. Estos negaron una conspiración para promover el hábito de fumar y dijeron que el Gobierno no tenía razones para perseguirlos, después de que cambiaron sus prácticas comerciales por un acuerdo con algunos estados en 1998.
