MADRID (Reuters) - El regulador de la competencia en España lanzó el jueves un informe en el que critica los cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria en la ley sobre el sector de hidrocarburos que limitan la aplicación de algunos preceptos introducidos en la nueva legislación.
En concreto, la CNMC propone una nueva redacción del artículo 43 bis de la ley, con una disposición adicional que "que vendría a exceptuar de las nuevas reglas los casos en los que los bienes o servicios contractuales sean vendidos por el comprador desde locales y terrenos que sean de plena propiedad del proveedor".
La nueva legislación limita los contratos de suministro exclusivo de carburantes a las estaciones de servicio por parte de las petroleras a un máximo de un año, prorrogables hasta tres consecutivos, y prohíbe introducir cláusulas que fijen, recomienden o incidan en el precio de venta al público.
Pero con la redacción final del artículo, según la CNMC, podría interpretarse que un proveedor, en el caso de que el distribuidor le haya alquilado los terrenos, pueda introducir cláusulas que fijen, recomienden o incidan en el precio de venta al público.
Ante esta situación, la CNMC propone una nueva redacción del artículo que limita esta excepción únicamente al horizonte temporal de los contratos de suministro ya que entiende que "no resulta razonable esperar que un proveedor permita que se vendan productos competidores desde los locales y terrenos de su propiedad sin su permiso", pero no en cuanto a orientar sobre el precio de venta al público.
Según los datos de la CNMC, los precios antes de impuestos de la gasolina y el gasoil en España se encuentran por encima de la media europea, aunque al tener una carga impositiva bastante inferior a la zona euro, los precios finales están por debajo de la media.
Sin embargo, la reforma fiscal que prepara el Gobierno del Partido Popular quiere incrementar la tributación medioambiental, lo que podría suponer alzas en los impuestos sobre este tipo de productos altamente contaminantes y eliminar la ventaja en materia impositiva frente al resto de países de la UE.
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