Todas las organizaciones de productores, industria de alimentación y bebidas, distribución, comercio, hostelería y restauración coinciden en la misma idea: no hay margen para seguir subiendo los impuestos. Las asociaciones Fiab, Aecoc, Anged, Aces, Asedas, Cec, Fehr, Fehcarem y Cooperativas Agro-Alimentarias encargaron un estudio al Centro de Estudios Económicos Tomillo (Ceet) que calcula que un nuevo incremento del IVA, o una reclasificación de los tipos, podría tener consecuencias nefastas para el consumo.
Según el sector, "se frenaría en seco la salida de la recuperación y la crisis se alargaría como mínimo de 10 a 12 meses más".
El estudio de Ceet contempla dos posibilidades. El primer escenario sería el más dramático: los productos del IVA superreducido al 4% pasarían al tipo reducido, del 10%, y estos al general del 21%. En ese caso, se registraría una caída de la producción de entre 16.180 millones y 23.114 millones de euros (entre un 4,4% y un 6,3%); se destruirían más de 174.000 puestos de trabajo; se dejarían de ingresar entere 2.300 y 3.100 millones por otros impuestos y el gasto público crecería entre 630 y 900 millones.
El segundo escenario pasaría por que los productos que soportan el tipo reducido del IVA (10%) pasarán a gravarse al 21%, manteniéndose en cambio el superreducido para los productos básicos de la cesta de la compra. En ese caso, habría también una caída de la producción y de los ingresos muy parecida, aunque la destrucción de empleo sería algo menor, de alrededor de 155.000 puestos de trabajo.
Ignacio García Magarzo, Director General de ASEDAS:
"El consumo es frágil y no va a ser capaz de absorber una nueva subida impositiva". Vea el vídeo completo.
Emilio Gallego, Secretario General de FEHR:
"Las empresas y trabajadores ya han hecho todos los esfuerzos para ser más competitivos". Vea el vídeo completo.
Aurelio del Pino, Director General de ACES:
"Las actividades fiscalmente opacas son una gran competencia desleal para nosotros". Vea el vídeo completo.
José María Bonmatí, Director General de AECOC:
"Hay que corregir los desequilibrios, la primera medida es la reducción del déficit público". Vea el vídeo completo.
Horacio González Alemán, Director General de FIAB:
"La fiscalidad del empleo en España está entre las más altas de Europa, esto debe cambiar". Vea el vídeo completo.
Serias consecuencias
Las consecuencias, en uno u otro caso, serían de todos modos muy perjudiciales para un sector que está actuando en este momento como locomotora para intentar sacar España de la crisis, después de ocho años de atonía generalizada del consumo y caída de las ventas.
José María Bonmatí, director general de Aecoc; Ignacio García Magarzo, director general de Asedas; Emilio Gallego, secretario general de Fehr y Horacio González Alemán, director general de Fiab, analizaron en un observatorio organizado por elEconomista las repercusiones que podría tener aumentar la presión fiscal sobre los consumidores y el sector.
Portugal es el claro ejemplo de lo que podría pasar en España. En 2011 la hostelería del país vecino tuvo que hacer frente a este tipo de cambios, lo que "supuso la destrucción del 25% de todo el tejido empresarial y del 25% del empleo", explica Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería (Fehr).
Este incremento del IVA generó también una caída de facturación y de pérdida de posicionamiento de la competitividad internacional del turismo portugués brutal.
El impacto en España sería muy similar, al menos en el sector hostelero, que actualmente se compone de 300.000 establecimientos en funcionamiento y que con los cambios "podría perder unos 70.000 locales y se generaría una destrucción de empleo de 200.000 trabajadores", indica Gallego.
Sin duda sería un duro golpe para el sector del consumo en España, que todavía se está recuperando de las consecuencias de la última subida impositiva que se produjo en 2012, y que según Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, generó los meses más duros de toda la crisis.
Las señales que se recogen desde el pasado mes de septiembre muestran una senda de recuperación, pero Magarzo insiste en que "esas cifras positivas no permiten hablar de una normalización, ni siquiera de que haya vuelto la confianza del consumidor".
"El consumo ahora es frágil, no sería capaz en ningún caso de absorber una nueva subida del IVA, ya que la estabilización todavía tiene que consolidarse". Por eso el director general de la Asociación de Distribuidores asegura que este incremento "ralentizaría muchísimo el crecimiento del consumo y de la confianza de los usuarios", algo que no nos podemos permitir.
Aecoc, la mayor asociación de fabricantes y distribuidores, que reúne a 25.000 empresas y representa el 20 por ciento del PIB, conforma el mayor sector generador de empleo en España. Sin embargo, su director general, José María Bonmatí, asegura que el nivel de incremento del consumo todavía no tiene la suficiente fuerza para volver a generar puestos de trabajo.
Bonmatí destaca el trabajo y el esfuerzo que han tenido que hacer las empresas españolas y los trabajadores para lograr una reducción de costes que lleve a esta industria a recuperar la competitividad exterior. "Estamos en una situación muy delicada y ahora no debería ponerse en riesgo todo lo que se ha logrado. Lo peor que podría pasar es una subida del IVA".
Mercado sumergido
Entre los posibles efectos adversos que traería consigo una reclasificación de tipos se encuentra la intensificación del mercado sumergido, que en España supone el 25 por ciento del PIB, con un fraude fiscal galopante, que ha ido creciendo durante los años de crisis.
"Este tema nos preocupa mucho, ya que las actividades fiscalmente opacas generan una competencia desleal para nosotros", asegura Aurelio del Pino, director general de Aces (la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados). "Nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno para que la subida de la base fiscal se haga a través de la lucha contra el fraude fiscal, mejor que con una subida de impuestos".
En este sentido, Ignacio García Magarzo, de Asedas, destaca que en nuestra economía el mercado sumergido tiene un peso excesivo, que saca a la luz el problema de la competencia desleal, ya que "las empresas de la cadena agroalimentaria que cumplen con sus obligaciones fiscales están en una situación de clara desventaja frente a aquellas que no lo hacen".
Asimismo se pone en evidencia la necesidad de ampliar las bases imponibles, que "no son suficientemente altas para generar la recaudación que exige la financiación de los servicios públicos". Por ello, José María Bonmatí, director general de Aecoc, recuerda que "hay que tomar medidas consistentes y no vale con que paguen más lo que ya están pagando".
Mientras que una subida de impuestos impulsaría el crecimiento del mercado negro, el sector turístico se vería seriamente perjudicado, lo que consecuentemente terminaría afectando a la industria de la hostelería. Así lo explica Emilio Gallego, que indica que el 30 por ciento de la facturación del sector proviene de consumos directos de uso turístico. "Un cambio de reclasificación supondría desaprovechar las oportunidades que tiene ahora mismo el turismo internacional".
Como en Europa
Asimismo, los representantes del gran consumo defienden que la situación impositiva en España está en total concordancia con el resto de países europeos que son similares, al menos, a nivel turístico. "En todos los países europeos que son receptivos de turismo, la hostelería está en un IVA reducido. Francia tiene un 7%, Austria, donde el PIB turístico habitualmente es superior al español, lo tienen en un 10%, es decir al mismo tipo que tenemos en la hostelería española", explica Gallego.
Por otro lado, Horacio González Alemán, director general de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Fiab), pone de relieve la necesidad de realizar una reestructuración fiscal en España que corrija los puntos débiles del sistema actual. "Hacienda controla muy bien lo que controla, pero lo que no controla se queda fuera del sistema". González valora positivamente que el Gobierno haya anunciado la idea de reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), ya que "los recursos en manos del consumidor crecerían, lo que evidentemente ayudaría mucho para la salida de la crisis".
Sin embargo, el director general de Aecoc, Bonmatí, recuerda que esa medida ya estaba acordada por el Gobierno, por lo que es un paso que se debe aplicar, ya nos lo debían".
Para que se acelere la creación de empleo, considera imprescindible que se "corrijan los desequilibrios de nuestro sistema, y la primera medida es la reducción del déficit público".
En la misma línea, González asegura que el Gobierno tiene en su mano más instrumentos para mejorar la situación, como todo lo que se refiere a la fiscalidad del empleo, donde considera que se debería reducir la cotización a la seguridad social. "En un país como el nuestro, con una cifra de paro del 26%, resulta que la fiscalidad que tiene el empleo está entre las más altas de Europa", y si esto se cambiara "permitiría liberar recursos para mejorar la financiación de nuestras empresas, que es otro de los grandísimos problemas que tenemos", asegura González.
Pero ésta no es la única preocupación del sector, ya que el director general de Fiab denuncia también la acumulación y el descontrol que existe en materia fiscal dentro de las comunidades autónomas. "No tenemos un mercado único interior en el que todos podamos competir de manera igualitaria, estamos alterando el mercado y creando situaciones discriminatorias".
Más allá del IVA, la reforma eléctrica y su impacto sobre la cogeneración, que supondrá unos 200 millones sobre el sector, o el famoso impuesto sobre los gases fluorados, suponen además un importante incremento de los costes y la presión fiscal para el gran consumo. Por todo ello, el sector se siente engañado por los cambios regulatorios que anuncia el Gobierno, que cambia las reglas en mitad del partido, con lo que además lanza un mensaje hacia el exterior de no tenemos las ideas claras.
"Lo peor es cuando transmitimos una imagen de que no somos consistentes con las cosas que decimos, no se pueden cambiar las normas a mitad del partido, por que podemos dejar de ser fiables para la inversión extranjera", asegura Bonmatí, director general de Aecoc.
"Si el Gobierno se está planteando dar un vuelco a la política fiscal del país para hacerla más transparente, más equitativa, más segura y sobre todo, usarla como instrumento para potenciar la salida de la crisis, este tipo de situaciones no nos favorecen en absoluto", sentencia González, director general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas.
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